
La entrega de esta información fue ordenada por el juez en en la que concedió amparo constitucional a unos periodistas a los que les fue negado el acceso a tales datos por la vía administrativa ordinaria.
Según el portavoz de prensa del Poder Judicial salteño, el Instituto Provincial de la Vivienda recurrió la decisión del juez, pero como el recurso carece de efectos suspensivos, está obligado a entregar la documentación objeto de condena en el plazo de diez días, cualquiera sea el resultado ulterior del recurso.
En su sentencia, Domínguez ha declarado que «la información solicitada a la adjudicación de viviendas construidas con fondos públicos, debe ser de acceso público».