El escrito fiscal pide también que el médico Martín de la Arena sea sobreseído de la imputación del delito de negociaciones incompatibles, ya que según la fiscal a cargo del caso, de la investigación penal preparatoria no han surgido elementos de convicción que permitan sostener que el médico haya intervenido en la confección o ejecución de algún contrato o negociación en las cuales haya intervenido con intención de beneficiarse o de beneficiar a un tercero.
La información fiscal dice que la tentativa de fraude a la administración pública aparece acreditada en la fase sumarial por la declaración testifical de «distintas funcionarias y funcionarios», aunque sin hacer precisiones dice también que se han evaluado a estos fines «los informes y documentación brindados por organismos nacionales y provinciales y la investigación realizada por el Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF)».
La fiscal del caso afirma en su escrito de acusación que ha reunido las pruebas que demuestran que De la Arena, como socio gerente de la mercantil Hemosalta, S.R.L., pidió en dos oportunidades el pago de una práctica médico-hematológica «por un valor al código nomenclado» (sic).
Dice la información oficial que el primero de estos pedidos fue rechazado, puesto que De la Arena pretendía que se le abonase la cantidad de 69.000 pesos por la citada práctica. En una segunda oportunidad -dice la fiscal- el médico pidió a dos clínicas que cobraran a sus pacientes la cantidad de 30.000 pesos, que posteriormente debería ser reintegrada por el IPS. «Todo esto a sabiendas de que, al no haber una resolución ministerial, no se estaba cobrando la entrega de las unidades, y que por orden del Ministerio de Salud Pública, el Centro de Hemoterapia entregaría las unidades de plasma en forma gratuita a los nosocomios autorizados», dice el escrito fiscal.
Añade la acusación pública que el médico no llegó a consumar los delitos que se proponía cometer «por cuestiones ajenas a su voluntad», ya que el IPS rechazó sus pedidos, indicándole que el precio de las prestaciones efectivamente otorgadas era diferente al solicitado.
Sin embargo, la fiscal del caso ha considerado que De la Arena puso en marcha un ardid consistente en intentar que el IPS le pagara por una prestación diferente a la efectivamente otorgada. Sostiene el escrito de acusación que de haber caído el IPS en la trampa tendida por el médico, hubiera desembolsado una cantidad «significativamente superior a la que verdaderamente correspondía».
En cuanto a la tentativa de estafa, dice la acusación fiscal que De la Arena, en su calidad de socio gerente de Hemosalta, S.R.L, emoresa habilitada para las transfusiones en los hospitales, transfundió plasma a una paciente que se encontraba ingresada en el hospital Santa Clara de Asís y luego pidió a la ART Prevención el pago de 75.992,12 pesos, cantidad superior a la estipulada.