En esta ocasión, Arancibia se ha referido a la acción popular de inconstitucionalidad que, invocando la amplia legitimación que concede el artículo 92 de la Constitución provincial de Salta y bajo su dirección letrada, ha interpuesto el doctor Edmundo Falú contra la ley provincial 8239 que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de Salta.
En opinión de Arancibia, “se tendría que suspender la convocatoria de la Convención hasta que la autoridad competente defina si la ley 8239 es válida o no”.
El abogado salteño recuerda que la acción popular de inconstitucionalidad que impulsa junto a Falú fue interpuesta hace cinco meses con el objetivo de proteger los derechos de los ciudadanos de Salta, que fueron gravemente vulnerados por lo que Pedro Javier Arancibia califica como “una mala praxis legislativa”.
Esta mala praxis -dice el letrado- “tiene que ver con la baja calidad democrática que tenemos en Salta actualmente”.
“La ley provincial 8239 no solo es una norma mal hecha sino que, además, es una norma especialmente dañina de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas de Salta”, ha dicho Arancibia. Para el letrado, resulta preocupante que “a cinco meses de la interposición de la acción aún no existe una composición definitiva de la Corte de Justicia especial que tiene que decidir sobre la pretensión popular”.
En el mismo sentido ha dicho que, tras las irregulares y escasamente participativas elecciones de agosto pasado, la conformación de la Convención Constituyente “tendría que suspenderse” hasta que se defina si la ley 8239 es válida o no.
“Si la Corte de Justicia sigue demorando el trámite, habrá una Convención Constituyente y no se habrá definido al respecto de la legitimidad y la validez de esa ley, lo cual sería un escándalo”, agregó Arancibia.
El letrado no dudó en atribuir la “mala praxis” legislativa a las injustificadas prisas que los legisladores de ambas cámaras imprimieron al trámite parlamentario. “Se limitó a propósito la participación y se cerró precipitadamente el debate, solo para que algunos pudieran demostrar que son capaces de seguir los dictados y los criterios del gobernador Gustavo Sáenz”.
“Estoy seguro de que el gobierno hizo mal los deberes. Incluso lo reconocen también legisladores del propio oficialismo y de otros sectores”, advirtió Pedro Arancibia, para quien -teniendo en cuenta lo que se juegan los salteños en este proceso- es mucho más importante decidir sobre la inconstitucionalidad de la ley que habilita la elección de una convención reformadora que elaborar una nueva Constitución.