La abogada Falconier Diez dice que los 'profesionales' del Norte provincial tienen 'escaso rendimiento académico'

  • En una intervención pública, la vicepresidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y portavoz corporativo en los asuntos relacionados con la reforma constitucional en curso, señora María Luisa Falconier Diez, ha sacado a relucir su breve y pasajera experiencia como consejera en el Consejo de la Magistratura. Al hacerlo, ha pronunciado frases y juicios que no han dejado indiferente a nadie.
  • Discriminación por razón del lugar de residencia

Para empezar, la abogada Falconier Diez ha recordado que fue consejera del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Salta «durante la gestión del doctor Abel Cornejo».


La verdad es que el desempeño de la señora Falconier Diez como consejera coincidió con la presidencia de aquel órgano constitucional por parte de Abel Cornejo, pero este último (como cualquier otro presidente) no realizó «gestión» alguna.

Ni la Constitución provincial ni la ley 7016, que regula la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de Salta, atribuyen a su presidente (o a cualquiera de sus consejeros) capacidad de «gestión» de ninguna especie. El presidente del Consejo de la Magistratura ejerce, según el artículo 3 de la ley 7016 «las atribuciones propias de un tribunal colegiado», entre las que destaca, como la más importante (si acaso, la única) la posibilidad de deshacer los empates con su voto de calidad.

Al decir, por tanto, la señora Falconier Diez que fue consejera «durante la gestión» de Cornejo, no solo ignora el contenido de la ley sino que se sitúa voluntariamente como una especie de empleada/subordinada del presidente del CDM, posición que, con la ley en la mano, no ocupa ni debería ocupar ningún consejero o consejera en ejercicio.

Los concursos en el interior y el nivel académico de los concursantes

Según la particular experiencia de la señora Falconier Diez como consejera, «para los concursos del interior son muy pocos los profesionales que se presentan».

La actual vicepresidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta recuerda que «muchas veces se ha declarado desierto el concurso», lo que atribuye probablemente a la falta de «estímulo». Para la señora Falconier Diez es «increíble» que algo como esto suceda, ya que para ella el sueldo de los jueces «es muy importante en cuanto a sus montos».

Es decir, no es el dinero lo que mueve a los «profesionales del Norte» a presentarse a los concursos que convoca el Consejo de la Magistratura de Salta.

La señora Falconier Diez propone, como solución, «estimular a los profesionales del Distrito Judicial Centro para que concursen cargos en el interior» mediante el pago de un complemento salarial por desarraigo o prestación parecida.

En la parte más polémica de sus afirmaciones, dice la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Salta que «las personas que se presentan (a los concursos para cargos judiciales en el Norte provincial) tienen muy escaso rendimiento académico».

Esta sola afirmación ha levantado una oleada de críticas, por su profundo carácter discriminatorio, por su insanable injusticia y por expresar una suerte de supremacismo jurídico (por otra parte nunca comprobado) en favor de los abogados y abogadas de la ciudad de Salta, en desmedro de sus colegas que residen en otras ciudades.

Un salvavidas de plomo a la jueza Carriquiry

Tan malos son para Falconier Diez los «profesionales del Norte», que los salteños del centro han debido llenar los huecos mandando al trópico (en donde las neuronas al parecer decrecen proporcionalmente en relación con la latitud) a jueces de de nuestros templados valles.

Falconier Diez ha tenido la poca delicadeza de poner como ejemplo de esta exportación a la señora Ana María Carriquiry (hoy jueza de Familia en la ciudad de Orán).

De ella ha dicho Falconier: «un ejemplo es la doctora Ana María Carriquiry, que lo hizo pero después de haber concursado innumerables veces aquí en el Distrito Judicial Centro. Es como que dicen, bueno, no entro, no me nombran en las ternas, pruebo en el Norte».

Eso y decir que la doctora Carriquiry prefirió concursar un cargo más fácil en Orán porque estaba un poco cansada ya de hacer «papa» de forma repetida en los «exigentes» concursos del Distrito Centro es más o menos lo mismo.

Lo que preocupa no es tanto la discriminación profesional por razón del lugar de residencia ni la poca elegancia al citar el caso puntual de una jueza meritoria, a la que se ha estigmatizado al insinuar que ha tomado un atajo fácil en su carrera profesional. Preocupa el hecho de que quien efectúa estos juicios es una de las principales impulsoras de la reforma de la Constitución de Salta. Una persona que finaliza su intervención diciéndole a su interlocutor «Muchas gracias por la atención. ¡Negro!», no parece que sea la encarnación de la igualdad republicana, precisamente.

Si la nueva Constitución va a estar influida por estos criterios, es hora de que algunos vayan pensando en cambiar su domicilio a una ciudad en la que el calor no afecte la capacidad de raciocinio.