El juicio fue presidido por la jueza, Claudia Puertas, del juzgado de Garantías Nº 8. El acusado -Diego Luis Leonel Rivera Valencia- fue condenado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional por ser autor material y penalmente responsable de los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja previa y por constituir violencia de género y desobediencia judicial, en perjuicio de su expareja; y lesiones leves, amenazas y daños, en perjuicio de la amiga de la mujer; todo en concurso real.
La expareja del acusado denunció el 30 de enero de este año. Este contaba con una orden de alejamiento y prohibición de ejercer violencia física y psíquica conttra la denunciante.
El día del hecho, la mujer se encontraba en el domicilio de su amiga, cuando se hizo presente el acusado en aparente estado de ebriedad. Fue entonces que la agarró del cabello y la llevó aparte para hablar, pero la ayudó su amiga y el hombre se retiró del lugar.
El hombre regresó al lugar y agredió a la amiga de su expareja, quien intervino para evitar el ataque. Las mujeres intentaron entrar a la csa, pero el hombre comenzo a dar golpes de puño y le dio un puñetazo en la frente. Luego él comenzó a golpear la puerta de la casa de su amiga y logró abrirla, momento que aprovechó para agredir a la otra mujer.
Cuando el hombre se daba a la fuga, el móvil policial se hizo presente en el lugar y fue detenido.
El condenado deberá cumplir durante dos años con las reglas de conducta impuestas por la magistrada.
Además, tiene prohibido acercarse a las víctimas, en una distancia de doscientos metros, de su domicilio y lugares de residencia habitual. Le ha prohibido (cosa bastante obvia, por cierto) ejercer actos de violencia física o psicológica en contra de las dos mujeres.
También ha ordenado la jueza que el acusado sea sometido a un examen médico y la extracción de material genético para su inscripción en los registros correspondientes y la toma de muestra fotográfica conforme lo dispuesto por la Acordada 12641.
Rivera Valencia será incorporado al Programa de Agresores de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal, previa admisibilidad. En caso de no ser admitido deberá realizar un tratamiento psicológico.
Por último, la jueza ha ordenado implantar consigna policial en el domicilio de las víctimas.