Seguramente ya no es el «decoro judicial» ni la «independencia de los jueces» lo que la nueva Juana de Arco salteña ha tenido en consideración al decidirse a proteger la cada vez más demacrada y enjuta figura del exgobernador Juan Manuel Urtubey.
La orden judicial de Zunino -formulada bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia en caso de incumplimiento- comete sin embargo en una notable e imperdonable exageración, al imponer a los hermanos Peñalva el alejamiento (a más de 500 metros), no solo del domicilio particular de Urtubey, sino también de sus domicilios laborales.
Lamentablemente, Zunino no dice cuáles son los «domicilios laborales» de Urtubey, pues de haberlo hecho no solo podría haber iluminado el camino a los hermanos Peñalva, sino que también podría haber hecho un gran servicio a la sociedad salteña, que desde hace un año y medio se pregunta -como José Luis Perales- a qué dedica Urtubey su tiempo libre.
A diferencia de los jueces y fiscales amparados con anterioridad por la misma Zunino, Urtubey no ejerce ningún cargo ni responsabilidad pública. Tampoco -que se sepa- trabaja como abogado; sus cargos docentes son meramente honoríficos y la única actividad económica por él declarada es su criadero de chanchos, en el que técnicamente no trabaja.
A los Peñalva les bastaría con acreditar ante la jueza la imposibilidad ontológica de localizar uno o varios «domicilios laborales» de Urtubey, para que la mitad de la orden de alejamiento quede desprovista de cualquier eficacia.
Ahora bien, si efectivamente Juan Manuel Urtubey desarrolla una actividad económica remunerada, cotiza a la Seguridad Social, percibe regurlamente unas rentas y las declara a la hacienda pública, la curiosidad popular -que antes de la orden de la jueza Zunino podría haber sido incluso considerada ilegítima- cobra ahora una inusitada legitimidad y rabiosa actualidad. Conocer si Urtubey trabaja y dónde se ha convertido en una cuestión de inocultable interés público, no solo desde el punto de vista judicial sino también desde el de los derechos humanos.
Los salteños sabrán por fin si el exmandatario merece o no el apodo de «España» (*) con el que el pueblo llano se refiere a él en la intimidad de los hogares.
Sabremos por fin si el señor Urtubey, en su monacal retiro, vive del aire, del también inexistente trabajo de su cónyuge, de alguna fundación derechista que financia sus pinitos ideológicos, o si, como dicen los mentideros, se ha dedicado todo este tiempo al dolce fare niente.
Algunos apuntes más
La cédula de notificación, si ha sido devuelta al Juzgado como diligenciada así tal cual aparece más abajo, es nula por su clamorosa falsedad, ya que si el agente notificador sirma que la señora Marisa Peñalva ha estado «presente en este acto» ha dejado asentada una circunstancia de hecho falsa, pues le consta al Juzgado, como le consta al fiscal Molinatti, que la señora Peñalva, se encuentra en los Estados Unidos, país en el que vive habitualmente.Zunino no puede proteger «al grupo familiar de Urtubey» sin decir al mismo tiempo, uno por uno, quiénes lo integran, ya que al extenderse la prohibición de acercamiento a los domicilios particulares y laborales de todo el grupo familiar, el señor Peñalva no podría ni siquiera salir a la puerta de su casa, teniendo en cuenta que entre hermanos, tíos, sobrinos, sobrinos nietos y parientes políticos, el «grupo familiar» de Urtubey puede superar tranquilamente las 100 personas.
¿Cuál es fundamento de semejante medida cautelar? Se entiende -hasta cierto punto- que se pueda proteger al exgobernador, por las responsabilidades pasadas. Pero proteger al mismo tiempo a toda su familia (cosa que no se ha hecho con ningún otro funcionario protegido antes por la misma jueza) hace pensar que no estamos en Salta ante los Urtubey sino en otro país ante la familia Kennedy. En tal caso, sí que convendría avisarle a la señora Peñalva, residente en los Estados Unidos, que no es conveniente que se acerque a Martha's Vineyard.
Protecciones colectivas de este tipo, basadas en los lazos de sangre -aunque no específicamente judiciales- son de largo más habituales en Sicilia en donde suelen beneficiar a familias bastante bien caracterizadas de aquella bella y antigua isla.
(*) 40 años de Franco.