El Consejo General del Poder Judicial es un órgano colegiado compuesto por veinte miembros, a los que designa el rey por un periodo de mandato de cinco años (que se cuentan a partir de la fecha de la sesión constitutiva), pero que son elegidos por las Cortes Generales entre jueces y juristas de reconocida competencia. Está presidido por el miembro número 21 que al mismo tiempo ejerce como presidente del Tribunal Supremo.
El caso es que los principales partidos con representación parlamentaria (el PSOE y el PP) llevan años sin ponerse de acuerdo en la designación que corresponde efectuar a las Cortes Generales, por lo que el CGPJ, cuyo mandato ha expirado el 4 de diciembre de 2018, sigue en funciones, como se dice en España para referirse al desempeño provisional de una función o cargo cuando tal desempeño se realiza en sustitución de quien le corresponde ejercer la función o el cargo en propiedad.
Es decir, que los que fueron elegidos a finales de 2013 para integrar el órgano de gobierno de los jueces, siguen desempeñando el cargo en 2021, pero esta inesperada duración extendida, lejos de ser valorada como algo positivo o deseable, está provocando graves problemas políticos, sin contar con el bloqueo que se está produciendo en el curso ordinario del gobierno del Poder Judicial.
La Unión Europea viene insistiendo en que España debe solucionar este problema a la mayor brevedad. Pero hoy mismo, después de que entrara en vigor la reforma legal que prohíbe al CGPJ en funciones realizar nombramientos, la UE ha vuelto ha hacer oír su potente voz.
La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Justicia, señora Vera Jourová, se ha comunicado por videoconferencia hoy lunes con el ministro de Justicia español, Juan Carlos Campo, para decirle que es «aún más urgente» la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras la última reforma que limita sus funciones mientras esté expirado su mandato, para asegurar que el órgano de gobierno de los jueces recupere cuanto antes «su papel institucional fundamental».
Esto significa que, para Bruselas, la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial español y la continuidad provisoria del que fuera elegido el 4 de diciembre de 2013 representa un peligro para el equilibrio institucional en España.
La postura comunitaria en relación con el problema del gobierno judicial en España pone de manifiesto la importancia de la temporalidad del ejercicio de los cargos de vocales del CGPJ, y al mismo tiempo, la inconveniencia de que los vocales de este órgano duren más tiempo que el previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Como se puede apreciar, es todo lo contrario a lo que sucede ahora mismo en Salta, en donde algunos -afortunadamente, cada vez menos- sostienen que mientras más tiempo duren en sus cargos los jueces de la Corte de Justicia (que ejerce con mano de hierro el gobierno del Poder Judicial salteño) será mejor para la democracia y para el equilibrio de los poderes.
Nada más lejos de la realidad.
La temporalidad del mandato del órgano de gobierno de los jueces, así como su renovación total en una misma fecha y la prohibición rigurosa de la reelección inmediata de los vocales constituyen elementos clave de la arquitectura del Estado democrático de Derecho.
La eternización en las funciones del judicial gobierno -como algunos pretenden que ocurra en Salta- comporta un claro retroceso democrático, puesto que la falta de renovación periódica impide, entre otras cosas, la justa y oportuna rendición de cuentas, así como el ejercicio efectivo de los controles que deben orientar y limitar cualquier función de gobierno, sin que el gobierno del aparato judicial pueda de ningún modo constituir la excepción a esta regla.
En pocas palabras, si a la Unión Europea no le preocupara la situación excepcional que se ha producido en España con la falta de acuerdo entre los partidos y la inusual extensión de las funciones de un Consejo General del Poder Judicial con un mandato largamente caducado, la situación sería muy diferente, pues el silencio de las instituciones comunitarias daría a entender que es bueno que el gobierno de los jueces se ejerza sin plazo de duración determinado.
Pero una idea como esta solo se defiende en Salta, en donde el poder ilimitado temporalmente y sin controles es la regla y la periodicidad la excepción.