La decisión de Cornejo es congruente con su anuncio de «ocuparse personalmente» de algunos de los casos criminales más resonantes pero que aún permanecen sin resolver, sin que sus autores hayan comparecido todavía ante la justicia.
Uno de esos casos es el del asesinato de Jimena Salas, ocurrido en una urbanización de Vaqueros el 27 de enero de 2017, del que apenas hay pistas sobre su autoría.
Nada más llegar a su nueva oficina, Cornejo ha decidido retirarles la confianza a los fiscales Pablo Paz y Rodrigo González Miralpeix, que hasta aquí habían venido ejerciendo las responsabilidades previstas en la ley para la instrucción del caso.
En su lugar, Cornejo ha designado a otros dos fiscales: Pablo Rivero y Ramiro Ramos Ossorio, quienes, al igual que los sustituidos, forman parte del equipo fiscal de la llamada Unidad de Graves Atentados contra las Personas.
El enroque de fiscales no ha sentado nada bien, ni en la UGAP ni en la familia de la víctima, cuyo letrado, Pedro Arancibia, ha dicho que el cambio no les ha sido comunicado de forma oficial por la autoridad fiscal salteña.
En declaraciones efectuadas a FM Aries de la ciudad de Salta, Arancibia ha dejado claro que la designación de dos nuevos fiscales «que no están al tanto de una causa muy compleja» puede provocar un dispendio de tiempo que el mismo letrado ha calificado de «inconveniente».
Arancibia ha dicho también que prefería que hubiera continuado investigando el fiscal Pablo Paz, «con el auxilio y la visión de los dos nuevos fiscales». El letrado ha insinuado también que un cambio de fiscales es insuficiente, puesto que lo que se trata es de sumar recursos a la investigación, tanto humanos como técnicos y materiales, que es lo que los acusadores particulares vienen reclamando desde hace bastante tiempo.
El caso de las turistas francesas
La nueva postura oficial del Procurador General de la Provincia de Salta, proclive a conceder prioridad a los casos criminales irresueltos, obliga a pensar si se aplicará la misma política al caso del asesinato y violación de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en Salta, a mediados de julio de 2011.Abel Cornejo, que mientras fue juez de la Corte de Justicia se manifestó en varias ocasiones partidario de conceder al preso Santos Clemente Vera el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debería decir ya mismo qué hará como nuevo jefe de los fiscales de Salta si el máximo tribunal federal decide revocar la condena a prisión perpetua que pesa sobre Vera y que fue decidida en abierta violación a los principios del debido proceso adjetivo, en un fallo marcadamente voluntarista y teñido de intereses políticos.
La puesta en libertad de Vera obligaría inmediatamente a los fiscales a reabrir la investigación de un caso mal cerrado por la justicia provincial, y a tener en cuenta un sinnúmero de elementos de convicción, como los ADN huérfanos hallados por un importante laboratorio francés o la declaración de una testigo presencial que dice haber visto a las fallecidas, poco antes del hallazgo de sus cadáveres en la Quebrada de San Lorenzo, en una fiesta organizada por jóvenes políticos estrechamente vinculados con el gobierno provincial.
Si Cornejo es coherente con sus propios actos y manifestaciones, a los casos de Gala Cancinos y Jimena Salas, deberá sumar el de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, puesto que de no hacerlo quedará más en evidencia que nunca que el poder político tiene un especial interés en que este horrible suceso no sea jamás esclarecido.
Una negativa del poder fiscal de investigar el caso de las turistas francesas pondrá seguramente en entredicho la participación de la Provincia de Salta en la llamada Iniciativa Spotlight, financiada parcialmente por la Unión Europea. Para que estos recursos lleguen a Salta y puedan servir para reducir el número de mujeres muertas violentamente, es preciso que el Ministerio Fiscal de la Provincia adopte una decisión positiva en lo que se refiere al completo esclarecimiento del asesinato de las dos jóvenes francesas. De lo contrario, quedará en entredicho a nivel internacional el «compromiso» de Salta con la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres.