El escrito, que lleva la firma del abogado Pedro Javier Arancibia, califica a la medida cautelar contra los Peñalva de «ilegítima, ilegal, inconstitucional, inoportuna y agraviante».
La prohibición de acercamiento a un selecto grupo de jueces y fiscales (que supone la exclusión de los Peñalva del recinto de la Ciudad Judicial de Salta, en donde se tramita la causa penal por la muerte violenta de su hija) vulnera -dice el escrito- «garantías constitucionales de que somos titulares los ciudadanos y, particularmente, las víctimas o familiares de causas judiciales impunes».
El recurso contra la insólita medida cautelar de la jueza Ada Guillermina Zunino, a la que se considera «cercana» a las posturas ideológicas y políticas de uno de los protegidos por la medida, cuestiona frontalmente los argumentos que el fiscal Juan Marcos Ezequiel Molinatti expone en su solicitud. En este sentido dice el recurrente que el señor Molinatti «consideró suficiente la prueba documental (...) de donde surgiría la supuesta manifestación atemorizante o alarmante en la cuenta de la red social Facebook de Marisa Peñalva».
Pero para llegar a esta conclusión -sostiene el escrito- el fiscal «debió convertirse en paladín de la semiótica» y efectuar una interpretación iconográfica de unos emojis insertados en un post de la señora Peñalva, del que no se puede sacar otra conclusión racional que no sea la ratificación de su ya conocido rechazo a lo que ella denomina «hechos de corrupción en el seno de la justicia de Salta».
Recordemos que la investigación fiscal preparatoria no se puso en marcha por denuncia de ninguno de los sujetos teóricamente protegidos por la inusual medida cautelar, a excepción -quizá- del propio Procurador General, Abel Cornejo, que tampoco formuló una denuncia formal sino que se limitó a instruir a su subordinado Molinatti para que pusiera el asunto en manos de la jueza Zunino, en la seguridad de que esta magistrada, sin entrar a valorar de ningún modo el daño que la estimación de la medida proyectaría sobre la ya deteriorada imagen de la Justicia de Salta, la estimaría de inmediato, como de hecho ha sucedido.
Dice el señor Gustavo Peñalva en su escrito judicial que los alegados por el fiscal Molinatti son «hechos penalmente 'atípicos'» y que la postura del fiscal pretende «merituar con el termómetro de la moral o la ética sobre el tenor de la crítica o del escrache (una crítica elevada de tono, si se quiere) que realizan ciudadanos sin justicia, familiares o víctimas en causas impunes, contra funcionarios públicos que tienen entre sus misiones la de otorgar respuestas en el servicio de justicia sobre particularmente asuntos de interés público, como lo son aquellas causas irresueltas sobre las que se exige un esclarecimiento».
En otro pasaje del escrito, se afirma lo siguiente: «Nos encontramos indefectiblemente ante una desproporción de la medida judicial dispuesta. Bajo una picardía procesal, poco inteligente, imprudente, intolerante, se ha arremetido y afectado gravemente derechos jerárquicamente fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la tutela judicial efectiva».
Peñalva denuncia finalmente que el fiscal le otorga preeminencia al «orden y decoro de la función judicial» y al «normal funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público» por sobre el derecho fundamental a la libertad de expresión y sobre la garantía que protege el acceso a la Justicia de quienes son víctimas de la impunidad.