A fuerza de insistencia, más que de sabiduría, los fiscales penales de Salta han logrado convertir en papel mojado la norma del Código Procesal (Art. 263) que les prohíbe rigurosamente informar a la prensa y «efectuar apreciaciones sobre la entidad de la participación o culpabilidad de los intervinientes» antes del requerimiento de remisión de la causa a juicio.
Ahora, en nombre de una malentendida transparencia informativa (que por cierto nadie les ha pedido), nos enteramos a través de los medios de comunicación (previamente intoxicados por el hiperdesarrollado aparato divulgador de los fiscales) no solo del decreto de citación a la audiencia de imputación (que sería lo lógico), sino también sobre la identidad y circunstancias personales más íntimas de los posibles perpetradores, así como de su hipotética participación en los hechos, que jamás se nos ofrece como «posible» o «condicional» sino que nos es presentada con afirmaciones concluyentes y definitivas.
Ni los fiscales ni los comunicadores que le hacen el juego se preocupan ni se han preocupado nunca por recordar que aquellos perpetradores, detenidos, maniatados y humillados, se encuentran amparados por el derecho fundamental a la presunción de inocencia hasta que una sentencia condenatoria en contra de ellos adquiera firmeza. Todos, especialmente si son pequeños bribones, son «carne de comisaría».
Los anuncios de espectaculares procedimientos y de explosivas revelaciones son, por así decirlo, el modus operandi del Ministerio Público Fiscal de Salta desde mayo de 2019.
Todo el mundo recuerda que en junio de aquel año, por la máxima autoridad de este irregular poder jurídico se anunció un giro copernicano en la investigación del todavía irresuelto crimen de la señora Jimena Salas.
Dos años después, y no antes de que seis fiscales metieran su cuchara en la causa, la espectacularidad se ha reducido a la acusación -menor y con dudoso soporte probatorio- a un presunto encubridor y a un presunto campana, sin que en todo este tiempo se haya conseguido la más mínima pista sobre la identidad del autor material del mortal apuñalamiento.
Los 'Intocables'
En estos días, esa formidable factoría de sueños en que se ha convertido el aparato fiscal de Salta ha tomado por asalto las principales portadas digitales para anunciar el gran golpe asestado por la autoridad a una minúscula red de pequeños traficantes de partidas del Registro Civil, cuyo criminal master mind es, para más inri, un hombre mayor al que le falta un brazo y que desde hace varias décadas se dedica a cobrar el estacionamiento en un barrio en el que goza de un extendido aprecio por parte de los vecinos.Cualquiera que haya visto un poco de fuera cómo se ha desarrollado el procedimiento podría pensar que se trató de un segundo desembarco en Normandía, pero apenas si se trató de la detención de un discapacitado que no tenía dónde esconderse, y de cuatro empleados públicos obligados a acudir diariamente a su trabajo.
Al parecer, los integrantes de esta peligrosa red de delincuentes (tanto o más peligrosa que una célula de malvados terroristas del Estado Islámico) cobraban una módica cantidad a los incautos que se acercaban en auto al Registro Civil con la finalidad de tramitar las partidas y certificados que necesitaban.
Pero ¿Es este un delito económico complejo? ¿Qué adjetivo usamos entonces para las grandes defraudaciones con facturas falsas e ingeniería fiscal?
Lo curioso, es que después de presentar en la prensa a estas personas como herederos directos de Don Corleone o la reencarnación del mal absoluto (pure evil), los fiscales penales que los han empapelado no han llegado a cuantificar ni por aproximación el perjuicio directo provocado al erario por la actuación delictiva de los integrantes de la banda. Tampoco han dicho de qué modo los detenidos entorpecían el circuito administrativo formal para derivar el tráfico hacia su negocio. Todo está envuelto en una nube de misterio.
Sin embargo, los fiscales no han dudado en sacar pecho por la impecable y patriótica actuación de los sagaces investigadores del CIF, que cualquiera que lea detenidamente las crónicas publicadas por los diarios salteños podrá pensar que ha sido tan eficiente y profunda como la de los cerebros investigadores que consiguieron romper la encriptación de las máquinas Enigma utilizadas por los nazis para cifrar sus mensajes durante la Segunda Guerra Mundial.
No todos los días tenemos la suerte de que salgan a la luz pública las memorables y sesudas piezas de investigación del CIF, pero desde que fue creado, este Consejo Internacional del Fiasco (según su oficiosa denominación) ha tenido momentos memorables, como el de la elaboración del espantoso retrato hablado de la finada Fanny Escalante o el de la profunda investigación de los escraches al Procurador General, una de cuyas hojas se puede ver más abajo, y que cualquier alumno de 5º grado de la primaria podría haber hecho, con un teléfono celular y una impresora, incluso sin el auxilio de la maestra.
Escrache de los detenidos
Pero a pesar de que la ley prohíbe expresamente a los fiscales «efectuar apreciaciones sobre la entidad de la participación o culpabilidad de los intervinientes», la identidad, el cargo, la responsabilidad y la fotografía de los terribles criminales de la calle Almirante Brown ha sido publicada en casi todos los diarios de Salta.Para los fiscales penales de Salta esto no es un escrache, por supuesto, porque el augusto vocablo lunfardo queda reservado exclusivamente para las incalificables injurias (y potenciales amenazas, no olvidemos) que ellos reciben de las desesperadas víctimas que los señalan con el dedo por su supina ineficiencia.
Si alguno de los escrachados por los fiscales en el asunto del Registro Civil resultara finalmente absuelto, sin afectación de su buen nombre y honor, seguramente no serán los fiscales escrachadores los que pagarán de su bolsillo el daño injusto inferido al inocente, sino que deberán pagar la indemnización todos los salteños.
Disparen sobre el juez Colombo
Frente a la sobreactuación fiscal se debe destacar la sobriedad con que está actuando en el asunto el Juez de Garantías nº 2 de la ciudad de Salta, señor Ignacio Colombo, que con sólidos argumentos jurídicos se ha negado a encarcelar a los cinco detenidos, a pesar de que así se lo había solicitado, con los colmillos goteantes, la fiscal de la causa.Este horrible pecado del señor Colombo no ha tardado en ser denunciado por los fiscales insatisfechos, que acusan al juez de laxo, de pusilánime y de atentar contra el resultado de la investigación al evitar que los detenidos ingresen inmediatamente en prisión.
Pero es contradictorio, puesto que si la investigación aún no ha concluido, ¿con qué derecho entonces se ha publicado en los diarios las fotos de los detenidos y se los ha condenado sin siquiera darles oportunidad a que se defiendan?
El juez Colombo no ha hecho nada más de lo que cualquier juez decente y medianamente respetuoso de los derechos de las personas hubiera hecho frente a un caso semejante; es decir, acordar que la investigación continúe, pero en cualquier caso con los detenidos fuera de la cárcel, controlados electrónicamente y lejos del lugar de los hechos, pues su encarcelamiento preventivo resulta a todas luces desproporcionado e inconveniente.
Molestos con esta decisión, los fiscales han insinuado que el buenazo del juez Colombo ha sobreseído o perdonado a los sospechosos (lo que no es cierto en modo alguno) y, en todo caso, que los ha «beneficiado», cosa que tampoco ha ocurrido, pues conservar la libertad mientras alguien afronta un proceso penal es siempre la regla y jamás la excepción. El trabajo de los jueces de Garantías consiste precisamente en cuidar que la libertad de las personas no se convierta en un juguete en manos de los fiscales.
La única verdad es que nos encontramos frente a unos hechos de corrupción muy menores que nos han sido vendidos falsamente como un formidable golpe a la criminalidad organizada. La propia naturaleza y extensión del negocio de los empleados infieles y del cobrador del estacionamiento no permite de ningún modo concebir la idea de la existencia de una asociación de malhechores ni un crimen de singulares proporciones. Estamos, sin dudas, ante un hecho de corrupción, seguramente intolerable pero todavía presunto.
Por eso, ha hecho bien el juez Colombo al poner las cosas en su lugar. Y si a los fiscales no les gusta o no comparten el criterio del Juez de Garantías, lo suyo es interponer un recurso contra su decisión «liberadora» y no acudir raudamente a la prensa y poner al juez a caer de un burro por no aceptar lo que ellos dicen.
Porque -repetimos- la razón de los fiscales penales no es la razón de Estado y es la fría objetividad de la ley -no la susceptibilidad personal de estos magistrados parciales y sesgados- la que debe decidir la suerte de la libertad de las personas, aun cuando estemos en presencia -como dicen ellos- de «pruebas irrefragables».