La noticia -en la que no se menciona ningún fundamento jurídico de las resoluciones judiciales adoptadas respecto de las imputadas- reproduce sin embargo, de forma casi íntegra, los argumentos de un fiscal penal, a los que se presenta -sin decirlo abiertamente- como la verdad absoluta sobre el asunto.
El fiscal encargado de la instrucción -siguiendo a pie juntillas las instrucciones de su jefe- quiere que las imputadas ingresen inmediatamente en prisión, y la justificación de los motivos para pedir esta medida es, desde el punto de vista mediático, mucho más intensa e insistente que la justificación de las razones que aconsejan que las imputadas esperen a ser juzgadas en condiciones menos gravosas.
En ningún caso el «favor judicial» es la impunidad, pues el proceso contra estas mujeres aún no ha concluido mediante una sentencia. Esta información -que es clave para interpretar la situación de las imputadas- ha sido calculadamente omitida en la publicación periodística.
No es la primera vez que el Ministerio Público Fiscal de Salta, ante el fracaso de sus agentes en los estrados judiciales, recurre al diario El Tribuno para intentar torcer la percepción de la opinión pública sobre un asunto sometido a conocimiento de los tribunales.
La estrategia de comunicación en todos los casos es la misma: se coloca a los jueces y juezas en un plano subordinado, se les quita la razón, se les atribuyen conductas arbitrarias y favorecedoras de delincuentes, mientras que al mismo tiempo se ensalza la actuación de los fiscales (últimamente también de las «fiscalas») y se reviste a sus pareceres, declaraciones y actuaciones procesales de la máxima autoridad, aunque esta les haya sido desconocida con argumentos jurídicamente sólidos.
Un sistema judicial en el que los fiscales agreden permanentemente a los jueces que no les dan la razón es un sistema desequilibrado e ineficiente. Los jueces no se hacen respetar como es debido y los fiscales creen que las facultades que han ido ganando en la última década los convierte en semidioses, cuando lo suyo -aun en el mejor de los supuestos- no alcanza para disfrutar de una condición ligeramente mejor a la de simples auxiliares de la Justicia.
Así como en el largo devenir de la comunicación judicial se ha hecho famosa la frase «los jueces hablan por sus sentencias», en Salta no caben dudas de que «los fiscales perdedores hablan a través del megáfono de Limache».
No debe llamar la atención el hecho de que esta escalada mediática de los fiscales penales, que no solo parece tener en la mira a los jueces sino que también apunta a algunos abogados que se resisten a aplaudir sus excesos, se ha reforzado de una manera espectacular desde mayo de 2019.