La sentencia había condenado a un hombre a tres años de prisión por los delitos de lesiones leves agravadas por haber existido relación de pareja y violencia de género, amenazas con arma, amenazas, y desobediencia judicial.
Según se desprende de la información oficial del portavoz de prensa del Poder Judicial de Salta, la condena fue pronunciada en base a solo testimonio acusatorio de la víctima.
Los magistrados que decidieron desestimar el recurso de casación -Virginia Solórzano y Ramón Medina- han dicho en su sentencia que «el testimonio de la víctima fue veraz, coherente, lógico y cargado de angustia, lo que fue tomado en cuenta por el juez de juicio para fundamentar su decisión de condena», lo que fue ratificado por el asistente social y la psicóloga que exploraron a la víctima.
La información oficial añade también que Solórzano y Medina tuvieron en cuenta que la denunciante, luego de exponer varios sucesos violentos y ratificar el contenido de las denuncias efectuadas, dijo “haber tenido un montón de problemas con el imputado, y no tener cabeza para pensar ni para acordarse”.
Sin embargo, los magistrados que suscriben la sentencia -según el parte oficial- «pusieron especial énfasis en recordar la necesidad de prevenir y sancionar aquellos delitos que sean contra la mujer por la sola razón de ser tal, a los fines de erradicar los prototipos de roles patriarcales que someten al sexo femenino, coartando la posibilidad de ejercer sus derechos en pie de igualdad, con el afán de lograr así una sociedad más equitativa».
No es posible saber si esta parte de la sentencia va dirigida al condenado, a la administración penitenciaria o a los poderes públicos.
Sin cuestionar la necesidad «detectada» por Solórzano y Medina, cabe preguntarse qué sentido y, sobre todo, qué efectividad puede tener la inclusión en una sentencia un párrafo de esta naturaleza.
A falta de una explicación razonable de qué es lo que se pretende obtener con semejante nivel de obviedad, solo cabe pensar que la voluntad de sus redactores ha sido la de de congraciarse con un sector importante de la opinión pública, a través de un enunciado «políticamente correcto» muy cercano al populismo judicial.