La Acordada 13272, recientemente publicada por la Corte de Justicia es material para una tesis doctoral en sociología. Basta con fijarse en los apellidos de los agentes (y agentas) judiciales menos conocidos/as para darse cuenta de la tupida red de influencias y de amiguismo que termina definiendo la compleja estructura de la planta de personal de la «cenicienta» de los poderes del Estado.
La norma judicial contiene disposiciones rarísimas, como por ejemplo la designación de los que durante la feria judicial de enero trabajarán en el Consejo de la Magistratura, que, como casi todo el mundo sabe, no es un órgano judicial ni depende de la Corte de Justicia.
Aunque el sueldo de los agentes al servicio del CDM esté contemplado en el presupuesto judicial, no hay razón para que la Corte de Justicia ejerza el «gobierno» sobre este personal, sin contar con la opinión de los consejeros que no son jueces. Decisiones como esta solo contribuyen a reforzar la idea de que el Consejo de la Magistratura es un mero apéndice de la Corte de Justicia, lo cual evidentemente pone en serio entredicho la independencia del órgano que debe seleccionar a los magistrados inferiores de la Provincia.
2020 no solamente ha sido un año pandémico, sino que también será recordado como el año en que los jueces de la Corte de Justicia de Salta, hechos una piña, resolvieron no dar a conocer la cuantía real de sus sueldos, después de que una demanda fundada en la ley que regula el acceso a la información pública fuese manipulada por un juez amigo para favorecer la opacidad.
Aunque el asunto todavía colea, pues todavía se espera un pronunciamiento de última instancia, a partir de la Acordada 13272 cualquiera puede hacerse una idea de lo que es la masa salarial bruta que soporta y alimenta la enorme estructura de la Corte de Justicia, que no son solo nueve jueces recontra bien pagados.
Si tenemos en cuenta la cantidad de asuntos que tramita la Corte (cuya competencia es bastante limitada) y los que llevan los juzgados y tribunales de primera y segunda instancia, vamos a advertir inmediatamente que los órganos judiciales con mayor carga de trabajo son los que tienen la menor cantidad de personal y los que menores sueldos perciben. Muchos de estos juzgados y tribunales trabajan a destajo, con medios técnicos y organizativos muchas veces inadecuados y movilizados por una vocación de servicio que pocos les reconocen.
Jueces, secretarios y funcionarios deben muchas veces abandonar sus despachos para practicar diligencias de prueba fuera de la sede judicial, y lo hacen generalmente utilizando sus propios medios de movilidad.
Los jueces y juezas de la Corte de Justicia, que deben de tener una o menos que una inspección ocular por año y que de vez en cuando se trasladan a las cárceles para fijarse si estas son «sanas y limpias», tienen a su disposición un pequeño ejército de choferes, que, según la Acordada 13272 son ocho (solo durante la feria judicial).
Siempre según la misma Acordada, en la Corte de Justicia de Salta, campeona del lenguaje no sexista y adalid en la lucha contra los estereotipos de género en el mundo del trabajo, todos los «choferes de feria» son varones, lo que contrasta con las plantas de psicólogos judiciales de feria y de los psicólogos de la OVIF, integradas solamente por mujeres.
Nada nuevo bajo el sol, pues fue esta misma Corte la que decidió, hace ya algunos años, que una mujer conductora de colectivos no podía trabajar como tal, «porque sus delicadas manos funcionan mejor para las caricias que para cambiar las ruedas de vehículos pesados».
La desproporción no solo se advierte entre la dotación de personal de la Corte y de los órganos judiciales inferiores, sino también entre los mismos «servicios internos» de la Corte, cuyas necesidades son evidentemente muy desiguales y que, sin embargo, tienen la misma dotación de personal. Por ejemplo, durante la feria serán ocho los trabajadores afectados al «área de servicios de correo» (en la era de las comunicaciones electrónicas), mientras que serán también ocho los que trabajen en la más crítica «oficina de notificaciones». A ellos se le han de sumar, por supuesto, los ocho choferes, que durante el mes de enero tendrán bastante poca carga de trabajo, excepto que alguna de «sus excelencias» los mande a un parripollo o a comprar cigarrillos.
En suma, que en la justicia de Salta hay dos mundos que giran, al parecer, en órbitas diferentes. Uno tan sofisticado como alérgico al sacrificio que generalmente impone el deber de satisfacer las necesidades de los justiciables, y otro menos glamoroso que gasta los zapatos, que desafía las tormentas de verano al volante de sus propios vehículos, y que una vez en la oficina se da vueltas con lo mínimo.
No hay instrumento mejor que estas acordadas para poner de relieve lo que las demandas de amparo en materia de información pública no consiguen: el clasismo, el amiguismo y el sexismo (por citar solo tres ismos) que aún imperan en el complejo y casi siempre mal avenido universo judicial de Salta.