Años atrás, los que encabezaban los concursos eran quienes lo ganaban; pero ahora visto está que más importante que la figura del aspirante es la del evaluador, que es el que se lleva todos los flashes. Al menos eso es lo que sucede en el Poder Judicial de Salta
En el caso de la jueza Sandra Bonari, mucho más, por cuanto la magistrada salteña le ha sacado unas cuantas cuadras de ventaja a sabios universales como Aristóteles (que resumía como ningún otro el saber de su época en las disciplinas más variadas) y tan pronto un día se ha sentado a evaluar a los psicólogos, como al día siguiente ha hecho lo mismo con los asistentes sociales.
Está bien que unos y otros quieran entrar al Poder Judicial, pero lo lógico sería que sus saberes no fuesen evaluados por una jueza, sino por un experto en la materia de que se trate o el examen tenga que ser rendido ante un tribunal universitario, no judicial.
Se podrá decir siempre que la señora Bonari ha estado secundada en la tarea evaluadora por técnicos competentes en psicología y trabajo social, pero si así efectivamente ocurrió, el servicio de prensa del Poder Judicial no debió haber titulado, dos días seguidos, «Bonari en Orán evalúa psicólogos para la OVFG» y «En Orán la jueza Bonari evalúa asistentes sociales para la OVFG».
Titulares como estos dan a entender que Bonari ha llevado la batuta de la evaluación, y no los que saben de la materia. Pero quizá sea mejor así.
Mañana es posible que la jueza aparezca por sorpresa en el Hospital San Bernardo y le tome un examen -también sorpresivo- al jefe de la sala de ginecología sobre prolapsos y quistes del endometrio.
No es por minimizar los conocimientos de la señora Bonari, que ha de tenerlos y muchos, pero se debe recordar que para ser designada jueza de la Corte de Justicia, presidenta del Consejo de la Magistratura y evaluadora encabezadora de cuanto concurso suelto ande por ahí, la propia señora Bonari -igual que sus otros seis colegas- no ha debido rendir examen ni de las vocales. Nuestra Constitución le permite al Gobernador designar como juez de la Corte de Justicia a cualquier abogado mayor de treinta años y con solo diez años de experiencia profesional, pero como abogado, no como juez, psicólogo, asistente social, médico o técnico en mantenimiento.
Así como el Consejo de la Magistratura permite a diputados que no conocen el Código Civil ni por las tapas interrogar a los futuros jueces sobre los presupuestos procesales de los interdictos posesorios, también se tolera que juezas auténticamente ‘proudhonianas’ encabecen exámenes de las más variadas disciplinas científicas, despreciando a las universidades y a los catedráticos. Luego dicen que el poder de los jueces es insignificante, cuando lo cierto es que no resiste ningún test de proporcionalidad.
Esto solo pasa en Salta, en donde todavía algunos se dan el lujo de hablar de intrusismo profesional.