Lo primero que llama la atención de esta reunión cumbre es que la práctica totalidad de los «cambios estructurales» discutidos por los magistrados se encuentran fuera de la competencia material de los participantes de la reunión.
A pesar de ello, con una soltura casi insultante (sobre todo para los poderes realmente competentes en la materia), los magistrados y magistradas que se han sentado a hablar ayer lo han hecho con la avasallante seguridad de que las reformas y cambios estructurales que se proponen son un asunto propio; un asunto en el que no hay más especialistas que ellos, y sobre el cual ellos y nadie más que ellos debe opinar y resolver, con las herramientas (invasivas) de las que suelen hacer gala últimamente.
Existe en Salta, como así también en otras partes del país, la absurda creencia de que los jueces que ejercen el Poder Judicial son los que a su vez diseñan y ponen en práctica las políticas que rigen la actividad jurisdiccional; es decir, que ellos alegremente se dan las leyes para ellos mismos. Pero esta es una visible deformación de los mecanismos republicanos, pues, a excepción del Poder Legislativo, los demás poderes del Estado funcionan en base a normas generales sancionadas por otros. No es aceptable que una institución, como la Corte de Justicia, dicte normas generales para afectar los derechos de terceros que no pertenecen a la institución, que además las apliquen, juzguen asuntos individuales en base a ellas, y que, si alguien se atreve a cuestionar su conformidad con la Constitución, sean ellos mismos -los jueces- los que juzguen la constitucionalidad de sus propias normas.
Se debe recordar que ni el artículo 153 de la Constitución provincial ni el 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Salta les autorizan a definir políticas, de ninguna naturaleza. Si acaso, la Corte de Justicia local tiene reconocida una iniciativa legislativa no exclusiva (aunque en la práctica reivindique la exclusividad de su ejercicio) en ciertas materias, así como un poder reglamentario muy estrecho, pero jamás una competencia genérica en materia de «políticas judiciales».
El segundo párrafo del artículo 140 de la Constitución de Salta es muy claro al respecto: es el Gobernador quien formula y dirige las políticas de la Provincia, incluidas, desde luego, las políticas dirigidas al universo judicial.
No preocupa tanto que la invasión de las comptencias definidas por la Constitución comporte una falta de respeto mayor hacia la división de los poderes (un concepto ya casi olvidado en el pequeño mundo judicial salteño). El verdadero problema es que esta exhibición de voluntarismo judicial desnuda un preocupante desprecio por la limitación del poder estatal y por el derecho democrático de participación de los ciudadanos en los asuntos que les conciernen, que conforman y dan sentido a los esfuerzos del constitucionalismo desde finales del siglo XVIII.
La reunión, y sus grandilocuentes conclusiones, parecen no haber tenido en cuenta la caída en picado del prestigio judicial y el hecho de que la Corte de Justicia de Salta -más que cualquier otra institución del Estado- ha venido haciendo esfuerzos muy visibles y consistentes para afianzar el modelo estereotipado de endogamia judicial, que se puede definir como una especie de «fuero de atracción» que hace que todas o casi todas las cuestiones que tienen que ver con los derechos de las personas que se juegan ante los estrados judiciales sean de competencia exclusiva y excluyente, no del Poder Judicial en sí, sino de una camarilla de jueces y juezas, escasamente preparados en su mayoría.
Estos jueces a los que me refiero miran para otro lado cuando la sociedad los señala con el dedo, cuando se enredan en inútiles disputas con fiscales y abogados de parte, cuando se los critica en la prensa y en las redes sociales, cuando sus resoluciones y razonamientos son sometidos a un minucioso escrutinio público.
Al decir que miran para otro lado digo que estos magistrados no quieren darse cuenta de que aquel sentimiento reverencial que los ciudadanos y los justiciables experimentaban antaño frente a los jueces distantes, severos, con cara de pocos amigos y aparentemente sin sentido del humor, ha desaparecido por completo. Los jueces han intentado, por razones más instrumentales y políticas que sinceras, recortar distancias con sus clientes, sin saber que con ello estaban cavando la fosa de su propio prestigio.
Hoy, sus señorías -salvo honrosas pero contadísimas excepciones- están muy lejos de la descripción de aquellos filósofos a los que Erasmo de Rotterdam caracterizó como «encapuchados y con barba para infundir respeto, que afirman que sólo ellos poseen la sabiduría y que todos los demás mortales no son sino errantes sombras».
Los usuarios de la justicia en Salta ya no son capaces de reconocer ninguna de estas cualidades del otro lado del mostrador, pues entre los profesionales de la toga se ha impuesto la comodidad del cut&paste por sobre el conocimiento jurídico, y la obsesión enfermiza por lo «políticamente correcto», que se suele manifestar con cierta intensidad en la llamada «corrección de género», amparada y espoleada por la Corte de Justicia por razones puramente oportunistas y no por convicción.
En otras palabras, que en nuestros jueces y juezas ya no encontramos lo que Erasmo en sus filósofos: «una forma agradable de locura que les lleva a construir innumerables universos».
Y son estos mismos señores los que quieren reformar la justicia, como si fuese cosa de ellos, como si nadie más pudiera meter la cuchara en el asunto.
Desde luego, ellos pueden opinar y proponer lo que consideren más conveniente, sobre este asunto y sobre la alineación de Central Norte en su próximo partido. Pero al hacerlo deben saber que la decisión sobre el 95% de los cambios que proponen no es de ellos y que, por más que intenten poner la sensatez por delante, la configuración de las instituciones judiciales (incluida la celeridad de los procedimientos, la oralidad, la concentración, la unificación de órdenes jurisdiccionales o la implantación del juicio por jurados), es el pueblo de Salta, a través de sus representantes, pero con participación activa y comprometida de los ciudadanos, el que debe decidir qué tipo de justicia quiere y cómo han de ser los magistrados que la administren.
El lamentable espectáculo de un juez acusando a una fiscal de haber cometido graves delitos, el de la misma fiscal ejerciendo su defensa en los medios de comunicación y en las redes sociales, las cada vez más extendidas sospechas de prevaricación, la imputación penal de un auxiliar fiscal, los inocentes condenados a cadena perpetua después de haber sido absueltos y la sensación generalizada de que la justicia funciona de modo bien diferente sea que los derechos controvertidos pertenezcan a personas ricas o a personas pobres, ha puesto en crisis a este modelo judicial descompuesto e inviable al que hoy los jueces endogámicos pretenden darle una vida extra.
La única reforma urgente que necesita la institución judicial salteña consiste en despojar a la Corte de Justicia provincial del poder de interpretar en última instancia las normas constitucionales y confiar esta tarea -que es más política que jurídica- a un órgano especializado, plural e independiente que ejerza como una especie de legislador negativo y cuyos miembros se renueven periódicamente, de forma democrática y transparente, y no por elección de una sola persona.
En una Provincia pobre y castigada como la nuestra no nos podemos permitir el lujo de tener magistrados que miren la legalidad constitucional desde la altura inalcanzable sus pedestales, que manipulen y desprecien los derechos de los demás como si fuesen amasijos de plastilina barata y, sobre todo, que renuncien a la ejemplaridad de la cual nace el respeto que todos deberíamos tener por la institución judicial.
Es doloroso, pero justamente hoy no podemos olvidar la severa sentencia del Libro Sagrado de los judíos: «¡Ay de la generación cuyos jueces merecen ser juzgados!».