Como se recordará, Martini calificó con duros términos la actuación de Simesen de Bielke en una diligencia de prueba acordada en la investigación penal abierta para intentar esclarecer una detención presuntamente ilegal practicada por la Policía de Salta en la localidad de Apolinario Saravia y las relaciones entre el auxiliar fiscal de Anta, señor Sergio Dantur y el comisario Walter E. Mamaní.
Al resolver un recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Dantur, Martini resolvió -en un gesto insólito- remitir las actuaciones a la Fiscalía Penal competente a fin de que se investigue la presunta comisión de delitos penales por parte de la fiscal Simesen de Bielke, aunque sin precisar ninguna conducta concreta ni citar artículo alguno del Código Penal.
La resolución de la fiscal Poma, que dispone el archivo de este procedimiento, dice con bastante claridad que «no existieron elementos de convicción suficientes para tener por configurados extremos típicos de figura penal alguna».
Es decir que allí donde el señor Martini -el mismo que condenó a cadena perpetua, sin pruebas y sin juicio contradictorio, a Santos Clemente Vera- ha visto «varios delitos» cometidos por Simesen de Bielke, la señora Poma no ha visto directamente ninguno.
El archivo de la averiguación preliminar no solo supone un alivio para la Fiscal de Derechos Humanos de la Provincia, sino que pone de relieve una grave discrepancia entre jueces y fiscales en la apreciación de unos mismos hechos. En otros términos, que la dureza con que Martini ha calificado la conducta de Simesen de Bielke no ha sido correspondida de ninguna forma por la fiscal Poma, y esta no es una situación demasiado frecuente.
Aquí solo pueden haber ocurrido dos cosas:
1) que la señora Poma le haya echado un capote a su colega Simesen de Bielke, resolviendo a la velocidad del rayo su situación procesal (cosa que no es frecuente ni siquiera cuando hay presos), o
2) que el señor Martini no sepa distinguir entre un delito y una mandarina, cosa que es bastante probable si se repasan los argumentos con que este magistrado resolvió convertir la absolución de un acusado (Santos Clemente Vera) en una condena a prisión perpetua, en base al mismo expediente y dando vuelta totalmente el sentido de unas pruebas que no resultaron convicentes o concluyentes, ni para quienes presenciaron su práctica ni para los mismos peritos que las practicaron.
En cualquier caso, lejos de haberse achicado la grieta entre fiscales y jueces, la rápida resolución de la fiscal Poma no hace más que ensancharla. La actuación judicial ha puesto de manifiesto con poco margen para la duda que las garantías procesales son un juguete en manos de los magistrados y que tan pronto se las pone por las nubes, como se las esconde debajo de la alfombra.
Alguien deberá dar explicaciones acerca de estos comportamientos paradojales que tienen como única víctima a las libertades públicas fundamentales de los ciudadanos.