Desde el pasado mes de marzo, el señor Manuel Cornejo Jovanovics, de 50 años, se encuentra imputado de cuatro delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado.
El proceso penal en su contra fue incoado tras haberse detectado irregularidades contables en el registro de gastos de la Municipalidad, como la ausencia de documentación que permita controlar la legalidad de tales gastos. A Cornejo se le atribuye la compra con fondos públicos de un vehículo que no fue registrado a nombre del Municipio. En la misma causa se encuentra imputada la ciudadana Carmen Rosa Méndez presunta autora de un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y otro de peculado.
En el escrito que Simesen de Bielke dirigió al Juzgado de Garantías nº 6 argumenta que “si bien ambos se han presentado a prestar declaración, nos encontramos claramente ante una de las hipótesis previstas en la teoría de los riesgos procesales constitutiva del peligro de fuga”. La fiscal ha puesto a disposición del Juzgado las desgrabaciones del teléfono celular del Cornejo, en el que -dice- constan mensajes intercambiados con Méndez, pero no se informa la forma en que tales comunicaciones fueron intervenidas.
Según el mismo sitio web de los fiscales penales de Salta, el pedido de registro y detención se justifica en que “surgen elementos suficientes para sostener que Cornejo y Méndez disponían de los fondos municipales a su antojo, sin rendir cuentas en absoluto y que además ese dinero proveniente de fondos públicos –principalmente de la coparticipación– era utilizado en beneficio personal y no público”.
También escribe Simesen de Bielke que “de la extracción de mensajes del teléfono celular del imputado Cornejo se permite inferir que, se utilizaban los fondos públicos con un total y absoluto descontrol, constituyendo plazos fijos, retirando el dinero en 'bolsos' y sin poner en conocimiento de la existencia de la cuenta, principalmente del Banco Patagonia, para llevar a cabo sus actos ilícitos”.
Dice también la información oficial que durante la investigación conducida por los fiscales se ha podido determinar la existencia de maquinarias que pertenecerían al Municipio de Campo Quijano y que fueron sustraídas poco tiempo antes de que finalizara el mandato de Cornejo, quien, mediante el libramiento de cheques pertenecientes a la cuenta del Municipio adquirió una camioneta que jamás patentó como bien público y sobre la cual el juzgado interviniente dispuso el secuestro.
Para Simesen de Bielke “nos encontramos ante una investigación de actos de corrupción complejos que habrían sido desarrollados con la necesaria intervención de funcionarios de diversas áreas del Municipio y al amparo de su estructura, durante un extenso período de tiempo, resultando Cornejo –como máxima autoridad del ejecutivo municipal– y, Méndez –como tesorera y secretaria de hacienda- las piezas fundamentales para llevar a cabo tales actos”.
Dice también la fiscal que aún aún se desconoce el destino de los fondos públicos de los que se habría apropiado el señor Cornejo Jovanovics. Para la magistrada, la ubicación y recuperación del dinero constituye “uno de los objetivos prioritarios para los intereses generales de la sociedad”.