El gobierno provincial de Salta, a través de una comunicación oficial, ha informado que las oficinas de la Secretaría de Tierra y Hábitat fueron objeto de un registro judicial (allanamiento) por orden la Fiscal de Delitos Económicos Nº 1 de la ciudad de Salta, señora Mónica Poma Salvadores. La comunicación del gobierno no individualiza el procedimiento ni detalla los delitos que la fiscal Poma estaría investigando. Simplemente se limita a decir que el allanamiento tuvo por objeto esclarecer el procedimiento de la entrega de fracciones de terreno público en Parque La Vega.
En pieza de información se reproducen unas declaraciones del nuevo titular de la Subsecretaría allanada, señor Ángel Sarmiento, en el sentido de que su departamento «colaborará con la justicia».
La declaración es superflua, toda vez que el gobierno está sujeto al principio de legalidad y no es la voluntad de los funcionarios la que decide cuándo una dependencia del gobierno colabora con la justicia y cuándo no.
No obstante, el señor Sarmiento ha dicho que se pondrá en marcha una auditoría interna para depurar responsabilidades y que en caso de que esta auditoría revelase conductas con relevancia penal, que se formularán las denuncias penales correspondientes por incumplimiento u omisión de deberes por parte de los funcionarios responsables.
Fuente: Gobierno de Salta