Durante todo este tiempo, Reynoso se ha convertido en un preso «especial», pero no por disfrutar de un trato privilegiado dentro de la disciplina del penal sino quizá por todo lo contrario.
A pesar de la grave situación sanitaria en las cárceles salteñas (tanto federales como provinciales) a causa de la pandemia del coronavirus, el exjuez federal de Orán -amparado todavía por la presunción de inocencia- solo ha podido acceder a la prisión domiciliaria 85 días (entre el 31 de marzo y el 25 de junio de 2020).
El detalle curioso, y al mismo tiempo contradictorio, es que la prisión domiciliaria de Reynoso le fue concedida en atención a su edad y su estado de salud (es hipertenso y diabético insulinodependiente) cuando apenas se registraban casos de contagio en la Provincia de Salta, y le fue revocada (es decir, fue devuelto a la cárcel) hace casi tres meses, justo en el momento en que la curva de contagios y de fallecidos comenzaba a ascender peligrosamente.
La resolución judicial que en su día le concedió la prisión domiciliaria decía expresamente que su continuidad dependía «de la evolución de la pandemia». Por tanto, resulta paradójico que al haber evolucionado la pandemia a peor, la prisión domiciliaria, en vez de haber sido prudentemente prorrogada por el tribunal, le haya sido denegada.
La familia del exmagistrado ha denunciado que existe un interés evidente por parte de algunos operadores judiciales y penitenciarios para agravar las condiciones de detención provisional de Reynoso. La preocupación de la familia por la suerte del exjuez es razonable, toda vez que la jefa del servicio médico de la cárcel federal de General Güemes ha afirmado que ni las autoridades penitenciarias ni los médicos pueden garantizar que los internos en el penal no contraigan COVID-19 y que el encierro aumenta significativamente el riesgo de contagio.
Según una de las hijas, en el pasado mes de agosto Reynoso estuvo al borde de un coma diabético. La situación se produjo de noche y -según el relato- el exjuez pidió a los gritos ayuda médica y llegó incluso a patear la puerta de su celda para llamar la atención sobre su estado. Sin embargo, el personal de enfermería no lo asistió en toda la noche.
El mismo relato dice que Reynoso experimentó aquella noche una severa hipoglucemia (48 mg/dl) y que no entró en coma porque otro interno acertó a darle una mandarina. La familia denuncia que el personal de la cárcel envió al Tribunal Oral Federal una planilla en la que hicieron figurar sus valores analíticos, pero adulteraron los registros colocando un “1” delante del “48” para hacer parecer que la medición de glucemia era de 148 mg/dl.
La familia afirma también que el presidente del TOF, el magistrado señor Santiago Díaz era de la opinión de que la prisión domiciliaria de Reynoso debía prorrogarse al menos por cuatro meses más, pero los dos jueces tucumanos Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas votaron en contra de la prórroga, siguiendo el criterio del fiscal Carlos Amad, de quien la familia afirma que «siempre expresa relatos y argumentos falsos».
Convencidos de que en algún nivel de la justicia federal se está jugando con la vida del detenido, la familia Reynoso saca a relucir las declaraciones de la señora Clarisa Galán, jefa de los defensores oficiales federales de Salta, quien en el periódico Página 12 ha dicho que la cárcel federal de General Güemes «está superpoblada» y que las autoridades de este centro penitenciario no saben cómo responder en caso de contagio masivo.
La familia argumenta también que médicos vinculados a la justicia federal han recomendado a los jueces «aprobar la mayor cantidad de prisiones domiciliarias posible», teniendo en cuenta principalmente la situación sanitaria de las personas consideradas de alto riesgo.
Una condena que no es firme y una absolución
Raúl Juan Reynoso enfrenta, casi con el exclusivo apoyo de su esposa y de sus hijos, la animadversión de quienes fueron sus colegas en el orden jurisdiccional federal.Condenado en primera instancia por un delito cuya comisión no llegó a probarse jamás, Reynoso espera pacientemente que sobre la legalidad de su condena se pronuncie la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.
Mientras, puede contar con satisfacción contenida que en el segundo juicio al que ha sido sometido ha resultado absuelto de todos los delitos de los que se lo acusaba. Esta vez el tribunal juzgador no fue el número 1 sino el número 2.
La sentencia absolutoria tampoco es firme porque contra ella ha interpuesto recurso de casación el fiscal federal personado en el juicio.
Reiteración del pedido de prisión domiciliaria
El inesperado agravamiento de la situación sanitaria en la Provincia de Salta, ratificado por el nuevo Ministro de Salud Pública y refrendado por el Comité Operativo de Emergencia creado por el gobernador Gustavo Sáenz para enfrentar la pandemia, ha animado a Reynoso a pedir nuevamente que le sea concedida la prisión domiciliaria.El exjuez no solo ha demostrado que reúne todos los requisitos objetivos exigidos por la ley para acceder a este beneficio, sino que ha demostrado también «ser un buen preso» y no tener intenciones de eludir de ningún modo la acción de la justicia.
Ahora toca que el tribunal que lo mantiene en una cárcel común desde hace casi cuatro años y medio demuestre que es capaz de tener un gesto humanitario para aventar así toda sospecha de un ensañamiento judicial y penintenciario contra un ciudadano cuya definitiva culpabilidad no ha sido aún pronunciada por ningún tribunal de justicia de la nación.