Pero como el hábito del mal hablar y mal escribir es asunto que en el Poder Judicial conoce de jerarquías ni de rangos administrativos, los señores Lafuente y Flores han pedido en su carta dirigida al presidente Catalano que empleados, magistrados y funcionarios «dejen de concurrir» (sic) a sus lugares de trabajo.
Lo curioso de este pedido es que se ampara en unas recientes declaraciones a la prensa de la fiscal Verónica Simesen de Bielke que ha dado ha entender que las medidas adoptadas tanto por la Corte de Justicia como por el Ministerio Público para prevenir los contagios en el ámbito judicial son del todo ineficaces y ha afirmado también que en la Ciudad Judicial (sede de la totalidad de los órganos jurisdiccionales y del Ministerio Público) hay casos de COVID-19 pero que se han ocultado.
Profundizando en su batalla contra el idioma, los señores Lafuente y Flores solicitan, con carácter de urgente, «se disponga mediante los instrumentos pertinentes la no concurrencia (sic)de todos los empleados a los lugares de trabajo hasta tanto las condiciones de salubridad lo permitan».