Más tarde, el mismo funcionario propuso erradicar las palomas de la Plaza 9 de Julio lanzando contra ellas potentes chorros de agua hirviendo.
En ninguno de los dos casos, las descabelladas propuestas del funcionario -que felizmente no llegaron a concretarse- merecieron el más mínimo rechazo social.
Desde entonces ha crecido en Salta la sensibilidad ciudadana hacia el maltrato de los animales, en proporción inversa al decrecimiento de la indignación por los crímenes graves cometidos contra los seres humanos. Tal parece que los salteños estamos de algún modo acostumbrados a los asesinatos de mujeres, a las violaciones salvajes, a los malos tratos y a la mutilaciones, pero nos llama cada vez más la atención el ensañamiento contra los animales.
Los fiscales penales de Salta
Esta curiosa forma de valorar las cosas ha llegado al seno del Ministerio Público Fiscal de Salta, que dirige el señor Abel Cornejo, el hombre que apenas jurar su nuevo cargo, en mayo de 2019, prometió públicamente que iba a convertirse en el azote de los asesinos de mujeres.Hoy, a más de un año de aquella grandilocuente promesa, los asesinatos de mujeres resueltos por su brillante equipo de fiscales son insignificantes en número y marginales en cuanto a repercusión social, mientras que sobre la conciencia del Procurador General y de sus afilados operadores revolotean insistentemente los pesados nombres de Jimena Salas, Yanina Nuesch, Cassandre Bouvier, Luján Peñalva o Houria Moumni.
Pero como la imagen de los fiscales penales de cara a la opinión pública es un asunto muy serio en Salta, a falta de asuntos importantes de qué ocuparse (o de voluntad política de hacerlo), los subordinados del Procurador General toman por asalto la primera plana de los medios digitales por su republicana sensibilidad frente al maltrato animal.
Dos septuagenarios detenidos en Metán
Ayer mismo, la prolija oficina de prensa de los fiscales (la que nunca ha manipulado una noticia) ha ventilado a los cuatro vientos la imputación de los ciudadanos Antonio Regino Colina, de 72 años, y Agustina Florinda Romano, de 76 años, a quienes el Fiscal Penal nº 2 de la ciudad de Metán, señor Gonzalo Gómez Amado acusa de haber trampeado a un gato que se había colado en la propiedad de los imputados e intentar ahorcarlo.Hablamos de un gato asilvestrado (es decir, de una plaga urbana) y no de un yaguareté.
Es curioso, pero el Código Penal argentino (artículo 34) presume sin admitir prueba en contrario que obra en legítima defensa (y por tanto se encuentra exento de cualquier responsabilidad penal) quien «durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor».
Es decir, que una persona está autorizada a matar a otro ser humano mientras este intenta entrar en su casa trepando por un muro o forzando una puerta, pero no puede matar a un gato que se ha metido en su casa.
¿Qué pena le hubiera correspondido entonces al funcionario municipal que pretendía electrocutar hasta la muerte a los escaladores de postes de alumbrado público y escaldar a las palomas de la Plaza 9 de Julio?
Los recursos que pueda haber empleado el Ministerio Público Fiscal (tiempo, papeles, investigadores, peritajes, etc.) para reprimir un intento de felinicidio (bastante justificado, por cierto) se podrían haber invertido seguramente en mejores causas.
Pero aquí lo importante -desde que Cornejo se hizo con el mando de la nave- es la imagen pública de los fiscales; que ellos aparezcan siempre dando respuestas concretas a las «sensibilidades» ciudadanas más a flor de piel, aunque se olviden de investigar los crímenes más horribles y degradantes de la condición humana y se muestren amigables e indulgentes con sus posibles perpetradores.