Esta puede ser la lectura correcta del despacho de prensa que aparece publicado hoy en las páginas del Poder Judicial de Salta y en el que se pretende hacer aparecer como «activa y en marcha» la investigación judicial del asesinato de las jóvenes Luján Peñalva y Yanina Nuesch cuyos cuerpos, con signos de violencia, fueron hallados en un descampado del sur de la ciudad de Salta en julio de 2012.
La llamativa publicación judicial afirma que en la causa penal (reabierta, recordemos solo por insistencia de la familia Peñalva) se han producido desde 2018 diferentes medidas de investigación «y ya se recibieron 53 testimoniales».
Nadie ha pedido este dato y hay muchos que dudan de que sea cierto.
Para empezar, llamar «testimoniales» a la prueba de testigos es un error verbal que deja muy en evidencia la escasa solidez jurídica de quien se ha tomado la molestia de informar sobre el asunto.
En segundo lugar, esta publicación oficial se produce unos pocos días antes de que la tía de una de las víctimas lleve a cabo una gran reunión a distancia con la prensa argentina y extranjera para explicar los pormenores de la hipótesis de los criminólogos norteamericanos que han investigado el caso, y para denunciar también que la jueza salteña encargada del asunto -la señora Mónica Mukdsi- sigue negándose a autorizar el envío de la ropa de Luján Peñalva a los Estados Unidos para que pueda ser analizada por los peritos.
La publicación judicial habla de una serie de diligencias (entre estudios periciales y prueba testifical), pero no de ningún avance sustantivo en la investigación, como podría ser el señalamiento de uno o varios sospechosos o la definitiva calificación jurídica del hecho como homicidio con motivaciones de género.
Es decir que lo que la publicación nos transmite es una «gran actividad judicial» para que nada se haya movido del lugar en que se encontraba el asunto cuando de una forma sospechosamente precipitada el entonces Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y su ministro de seguridad Eduardo Sylvester dijeran sin tapujos que las dos jóvenes se habían suicidado; mucho antes incluso de que el juez de la causa se hiciera presente en el lugar de los hechos y hablara con los medios de comunicación.
A estas alturas, es cada vez más que evidente que el intenso activismo de la familia Peñalva en busca del hallazgo de la verdad, a través del impulso de la investigación judicial (impulso que por ley corresponde a los fiscales al mando del procurador Abel Cornejo y no a la familia de las víctimas), está provocando un marcado nerviosismo en los pasillos judiciales. Marisa Peñalva, tía de la fallecida Luján, viene demostrando una gran firmeza en sus planteamientos, no parece conformarse con los «trapitos calientes» que le ofrece Cornejo, y no tiene reparos en cuestionar la eficacia y la transparencia de los procedimientos judiciales que se tramitan en Salta.
El anuncio de una gran rueda de prensa desde los Estados Unidos, en la que se piensa aclarar extremos oscuros de la investigación judicial ha descolocado a las autoridades judiciales salteñas, que, con su publicación de hoy, intentan adelantarse a los acontecimientos, aun a sabiendas de que la mera enumeración de las diligencias sumariales, sin que las mismas hayan producido ningún avance sustancial, no conforma ni a la familia de la víctima ni satisface las exigencias cada vez más altas de la opinión pública local e internacional.