Se trata de otro ejercicio autoritario, pero esta vez de uno enmascarado en palabras ambiguas y para nada concluyentes.
La acordada que suprime la feria judicial de invierno, no solo no la menciona sino que recurre a una fórmula de dudosa validez desde el punto de vista del rigor normativo. El punto I de la parte dispositiva de la acordada 13148 -que de ella hablamos- el lugar de «resolver», «disponer» u «ordenar» utiliza la expresión «dejar establecido», que podría valer para una declaración solemne de alcances duraderos pero no para un régimen transitorio y excepcional como el que prevé la propia acordada.
Lo que la Corte ha «dejado establecido» -a «modo de excepción» (debió decir «con carácter excepcional») es que durante el presente mes de julio de 2020 los órganos que ejercen el Poder Judicial en Salta trabajarán (en los términos de la acordada 13133).
Aunque la norma publicada hoy mismo, día 7 de julio de 2020, nada dice sobre la feria judicial de invierno, se entiende que esta ha quedado suprimida y que no habrá un «cierre generalizado del despacho de asuntos» como suele haber en esta época del año.
Para compensar, o para intentar aplacar el lógico descontento que la eliminación de la feria va a provocar entre magistrados y empleados judiciales, acto seguido, y a través de una resolución que lleva el número 151/2020, los jueces que integran la Corte de Justicia de Salta han decidido conceder graciosamente a magistrados, funcionarios, letrados, profesionales auxiliares, empleados y técnicos del Poder Judicial (todos ellos con sus respectivos femeninos) 10 días de licencia ordinaria, que teóricamente los bendecidos por la gracia suprema podrán disfrutar en cualquier momento del año (que no sea julio, lógicamente) «de acuerdo a las necesidades del servicio».
Se espera que de este modo, la «gran familia» judicial de Salta trabaje en julio hasta los límites de la extenuación, sin protestar por la alteración del calendario de trabajo sin la más mínima participación de las organizaciones que representan los intereses profesionales de los magistrados y trabajadores afectados por la medida.