Su incorporación hará que el tribunal, conformado hasta el momento por siete magistrados, pase a tener nueve integrantes, de los cuales cuatro serán mujeres.
Con la venia de la autoridad y si el tiempo no lo impide, a las 12 prestarán juramento los ciudadanos Adriana Rodríguez Faraldo de López Mirau, María Alejandra Gauffin y Horacio Aguilar.
Lo harán en una ceremonia sin la asistencia de público, como una metáfora de lo que fue el proceso previo de su selección por la sola voluntad del Gobernador de Salta -como lo señala la Constitución- y del escaso interés que ha despertado el escrutinio institucional previsto en el defectuoso Decreto N° 617/2008.
El juramento les será exigido por el actual presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, quien según todos las especulaciones, saldrá reforzado con la incorporación de Rodríguez Faraldo, Gauffin y Aguilar.
La proposición del nombre de los tres ha coincidido con un momento de inesperado estrechamiento de las libertades públicas y derechos fundamentales en la Provincia de Salta, a causa de la pandemia del coronavirus. El Senado provincial ha prestado el acuerdo para la designación de los nuevos jueces de la Corte de Justicia en medio de una situación excepcional, que no ha permitido un examen especialmente exhaustivo de la idoneidad de los candidatos propuestos.
Las prisas del Senado se explican, en buena medida, porque una de las juezas designadas por el gobernador Sáenz es la esposa de Luis Guillermo López Mirau, quien desde hace décadas ocupa el cargo de Secretario Legislativo de la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta, la misma que debe prestar el acuerdo constitucional para los candidatos a desempeñar el cargo de jueces de la Corte de Justicia.
Por su parte, son sobradamente conocidos los vínculos entre el abogado Horacio Aguilar y el exgobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey. Aguilar, quien ocupó diferentes cargos en la Justicia Federal del norte de la Argentina, se ha dedicado en los últimos años al ejercicio libre de la profesión de abogado, no sin polémica, tanto por su proximidad con el poder como por su intervención letrada en asuntos judiciales en los que se ventilan intereses que rozan la esfera del poder.