Ramiro Simón Padrós Cornejo, que de él se trata, ya había ocupado con anterioridad al año 2011 los cargos de secretario letrado interino y secretario relator de la Corte de Justicia, hasta que Urtubey lo designó primero en el cargo de Secretario Legal y Técnico de su gobierno, más tarde Fiscal de Estado y después Secretario General de la Gobernación.
De hecho se podría pensar que la designación provisoria de Simón Padrós, concretada mediante la Acordada 13017, de 16 de diciembre de 2019, y justificada en una norma claramente invasiva de las facultades reglamentarias del poder administrador (el artículo 9 de la Acordada 7871) es una suerte de reincorporación al cargo que ejerció con anterioridad, pero si antes de 2011 Simón Padrós llegó a ser Secretario Relator de la Corte de Justicia, es bastante dudoso que nueve años después -sobre todo después de salir del gobierno en el que ocupó un cargo con rango de ministro- acepte un cargo provisorio de abogado auxiliar.
Lo que ha provocado la indignación de algunos sectores políticos es, primero, el hecho de que Simón Padrós fue repescado por sus amigos de la Corte de Justicia, solo seis días después de haber cesado en un cargo de muy alta responsabilidad política.
Pero también ha causado no poca perplejidad el hecho de que el modesto abogado auxiliar, además provisorio, haya escalado silenciosamente hasta el rango de Secretario Relator, para el cual se requiere haber atravesado con éxito un proceso de selección mediante concurso público bastante riguroso.
La Corte de Justicia, y el propio interesado, pueden tener decenas de respuestas que justifiquen este irregular comportamiento institucional, pero lo que ninguno de ellos tiene es una explicación de por qué la Corte de Justicia ha evitado -y con la premura con que lo ha hecho- la situación de desempleo del último Secretario General de la Gobernación de Urtubey.
Desde luego que si la misión institucional de la Corte de Justicia es la imparcialidad y la absoluta insularidad respecto al poder político, un muy pobre favor a la imagen del tribunal hace la designación de Simón Padrós. Así lo ha puesto de manifiesto en Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta, que se ha preguntado, y con bastante razón, a qué procesos objetivos de selección se ha sometido quien hoy presume de ser Secretario Relator de la Corte de Justicia provincial.
Pero es que para cargos como el que ahora ocupa Simón Padrós hay más cola que para cobrar el famoso IFE. Probablemente a través de un mecanismo que los ciudadanos no conocen, porque la Corte de Justicia de Salta ha extendido una tupida manta de misterio alrededor del asunto, hasta en punto de que se niega a informar sobre los aspectos formales de esta tan evidentemente política designación.
Esta es la razón por la cual un buen número de aspirantes, que castigan periódicamente apuntándose en cada convocatoria a concurso público para cargos judiciales, y que muchas veces son humillados por los tribunales examinadores a los que se someten, ven con bastante molestia que el señor Simón Padrós haya llegado y besado el santo, sin cumplir -aparentemente- con las normas que la propia Corte de Justicia -aunque sin tener ninguna facultad legítima para ello- ha establecido para unos concursos que no debieran estar regulados en una Acordada (que luego los mismos jueces que la dictaron aplican en juicios públicos) sino en una Ley de la Legislatura provincial.