La sustitución en el cuadro fiscal podría haber sido anunciada con grandes letras de molde en la siempre proactiva página web de los fiscales de Salta, que no solo acostumbra a informar sobre los detalles más escabrosos de los juicios penales que se celebran en Salta, sino que a veces también han llegado al extremo de solazarse con la descripción de los movimientos peristálticos de fiscales y fiscalas.
Pero no. Los salteños no hemos tenido esta vez semejante suerte informativa.
La movilidad geográfica y funcional de los fiscales de Salta viene siendo una constante desde el mes de mayo de 2019, cuando alguien, para afirmar su poder, decidió que los magistrados del Ministerio Público Fiscal, más que seres humanos y profesionales con derecho al arraigo, son piezas móviles, como los peones del tablero de ajedrez.
Los repetidos cambios en la asignación de fiscales a los diferentes casos no solamente son expresivos de una baja especialización y de la ausencia total de una carrera estructurada, sino que, en algunos casos, pueden llegar a vulnerar gravemente la garantía del instructor natural, que está consagrada en la Constitución y que se extiende de jueces a fiscales en un sistema acusatorio como el que rige en nuestra Provincia.
El silencioso ascenso del nuevo fiscal ha venido acompañado de una más que discreta degradación funcional de su antecesora en el cargo, la fiscala Karina Verónica Simesen de Bielke Egüez, quien al ser transferida a la unidad fiscal encargada de resolver los graves atentados contra las personas, vuelve a un cargo que ya ejerció con anterioridad, con bastante poco suceso, dicho sea de paso.
Se debe recordar que, hace algún tiempo, esta pomposa unidad fiscal tuvo a su cargo la instrucción de un proceso penal derivado del hallazgo de reñideros de gallos clandestinos, con lo cual la ventanilla no solo atiende casos de graves atentados contra las personas sino también de graves atentados contra la integridad física y psicológica de las aves de corral.
Hace relativamente poco tiempo, la empoderada fiscala fue protagonista de otro intenso movimiento telúrico en el seno del MPF salteño, al ser designada para reemplazar al entonces fiscal de Derechos Humanos, señor Gustavo Vilar Rey, a quien el Procurador General de la Provincia descabezó sin piedad con el argumento de que las causas penales bajo su dirección se encontraban peligrosamente amesetadas.
Vilar Rey no solo fue enviado (castigado) a la periferia del sistema, sino que contra él se abrió un expediente disciplinario que en su momento fue instruido por otra fiscal valgo-para-todo-un-poco, la señora Ana Inés Salinas Odorisio.
El caso es que la que hasta hace pocos días desempeñara (con mayor suceso ante las cámaras y micrófonos que ante los estrados judiciales) el cargo de Fiscal de Derechos Humanos de Salta, entró como elefante en un bazar, y apoyada en consignas «de género» que no venían al caso, apuntó a la cabeza de policías de media y baja graduación, a los que señaló como responsables directos de torturas y un sinfín de tropelías cometidas contra presos generalmente ocasionales.
El desordenado y en ocasiones arbitrario embate de la ya exfiscala de Derechos Humanos contra los policías, mereció en su momento el reproche público del Ministro de Seguridad del gobierno provincial de Salta, coronel Juan Manuel Pulleiro.
Nada más abrir la boca, el ministro militar (o militar ministro) fue acusado de misógino en las redes sociales y poco menos que de encubridor de policías sanguinarios y corruptos. Pero solo unos días más tarde, aterrizaba sobre el escritorio del funcionario una brutal imputación fiscal por omisión de los deberes de funcionario público, delito del que se le acusa por no haber controlado que los fanáticos del Presidente de la Nación llevaran puesta la mascarilla preceptiva durante los actos por Güemes.
A la luz de lo sucedido, no es desacabellado pensar que el desplazamiento de la fiscala (o, para mejor decir, la reposición o retroceso a su cargo anterior) está de algún modo vinculada con la poca simpatía que despertó en el seno del gobierno provincial (ni hablar del efecto que tuvo en la siempre bien avenida familia azul) su cruzada contra los policías y su particular inquina con el ministro Pulleiro.
De ser titular de una fiscalía unipersonal especializada, la fiscala mediática y locuaz ha pasado a integrar una unidad fiscal; es decir, un equipo bicéfalo en el que ella ya no baila sola sino que lo hace en pareja de hecho con el señor Leandro Flores, otro que atesora entre sus antecedentes profesionales el haber archivado en tiempo récord la denuncia contra el exgobernador Juan Manuel Urtubey por el uso abusivo e ilegal de las aeronaves del Estado provincial.
Estos movimientos -concretados de forma casi clandestina- incluyen el desplazamiento a la localidad de General Güemes del extitular de la Fiscalía de Derechos Humanos, señor Gustavo Vilar Rey, que tendrá ocasión de estrenar las responsabilidades de su nuevo destino contando chancacas en el ingenio San Isidro, porque en caso de que se le asignen causas penales, según los peculiares criterios cuantitativos del MPF de Salta, se corre el riesgo de que se resuelva solo el 5% de todas ellas.
La moraleja de este cuento es: «no subestimes nunca a un Policía de Salta, por muy quiscudo que sea, y menos lo discrimines por su color de piel, pues la venganza puede ser terrible».