María Inés Diez, Defensora General del Ministerio Público salteño e integrante del órgano constitucional encargado de seleccionar a los jueces inferiores, ha dado un sonoro portazo. Aun después de que la Corte de Justicia declarara nulos los concursos convocados para los tironeados nuevos cargos de jueces en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, la señora Diez sigue encerrada en sus trece, insistiendo en que el concurso anulado fue conducido con un estricto apego a la legalidad vigente.
Esta insistencia le ha llevado a la Defensora General a apartarse del proceso que repetirá los concursos anulados, lo cual no supone en principio que vaya a dimitir de ninguno de sus cargos, ni del que ocupa en el Ministerio Público ni de su sitial en el Consejo de la Magistratura.
Según diferentes fuentes, la señora Diez ha expresado su insatisfacción por lo resuelto por la Corte ante el presidente del Consejo de la Magistratura y presidente del mismo tribunal que anuló el concurso, el juez Abel Cornejo.
Aún se desconocen los alcances políticos e institucionales de esta especie de insumisión de la Defensora General a la decisión de la Corte, ya que no consta que la señora Diez, o quienes secundan sus posturas y se hallan legitimados para ello, hubieran anunciado su propósito de interponer recurso extraordinario federal contra la sentencia del máximo tribunal de justicia provincial, en el sonado amparo «von Fischer».
Pendientes aún de conocer cuál será en definitiva la actitud que adopten quienes tramitaron el concurso anulado, lo cierto es que el Consejo de la Magistratura se encuentra herido de muerte, partido en dos, abierto en canal. Sus decisiones han dejado de ser creíbles y, sobre todo, respetadas por los ciudadanos.
El valor de las acciones del Consejo en el imaginario mercado bursátil de las instituciones salteñas han caído en picado, especialmente desde que el Gobernador de Salta decidió recibir como «aliado del gobierno», en su ronda de diálogo político, a un diputado provincial que se sienta en el Consejo de la Magistratura a título de representante de la oposición.