El magistrado de la Sala II del Tribunal de Juicio de Salta, Ángel Amadeo Longarte, ha resuelto dejar sin efecto la prohibición cautelar de innovar que a mediados de noviembre pasado provocó la paralización de las obras de reforma que se realizan en las calles peatonales del centro de la ciudad. Así lo ha informado esta tarde el portavoz de prensa del Poder Judicial salteño.
Las razones que esgrime el magistrado para dejar sin efecto una medida que él mismo adoptó son que «han cesado las circunstancias que determinaron el dictado de la cautelar».
En principio, la resolución de Longarte allana el camino para que la Secretaría de Obras Públicas del gobierno provincial y la Municipalidad de Salta reanuden los trabajos que se interrumpieron el 12 de noviembre, ya que el único obstáculo jurídico que lo impedía -la medida cautelar- ya no existe.
No obstante, Longarte dice haber ordenado a las partes demandadas (la Municipalidad y la Secretaría de Obras Públicas) «que cumplan en un plazo de diez días hábiles con distintos requerimientos».
¿Cuáles son estos requerimientos? Pues según el portavoz judicial, las demandadas deberán informar al juez la cantidad de medidores individuales de los frentes, así como presentar el plano de soterramiento de la calle Alberdi y la conformidad de EDESA y Copaipa. También deberán presentar los planos de arquitectura para un nuevo visado de la autoridad de aplicación de Bomberos. Y entre otras cosas -sumamente importantes- las demandadas deberán informar al juez sobre la reubicación de los bolardos de hierro fundido ubicados en el acceso de calle Caseros y La Florida que impiden el acceso y maniobra de una autobomba, también la reubicación de las cámaras de EDESA que se encuentran en el trayecto de recorrido en caso de emergencias.
Según Longarte, «la cuestión central, de la presente acción de amparo que constituye la preservación del Patrimonio Cultural, Artístico y Urbanístico como bien jurídico susceptible de ser protegido por un derecho humano de tercera generación, es válido señalar que la demandada, en este caso la Municipalidad de la Ciudad de Salta y también la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno, tuvieron una buena predisposición traducida a través de su actitud conciliatoria, cumpliendo, con los mandatos de la mentada resolución judicial».
Fuente: Poder Judicial de Salta