El año judicial se ha inaugurado en Salta con una ceremonia inútil, pomposa y retardada, como ya es costumbre.
Y para que no falte la polémica, los servicios de prensa del Poder Judicial y del gobierno, que debieran funcionar «articuladamente», han informado lo que a cada uno le conviene.
Actos de apertura del «año judicial» no solo hay en Salta, por supuesto.
Por ejemplo, en España, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 179 que «el año judicial, período ordinario de actividad de los Tribunales, se extenderá desde el 1 de septiembre, o el siguiente día hábil, hasta el 31 de julio de cada año natural».
En este país, la apertura del año judicial se realiza en un acto solemne que se celebra en el Tribunal Supremo (Artículo 181.1 LOPJ) y al que suele asistir el Jefe del Estado. Cuando el rey asiste a la ceremonia, no caben dudas de que quien la preside es el monarca y no el presidente del Tribunal Supremo.
El acto solemne suele llevarse a cabo los primeros días del mes de septiembre de cada año; es decir, cuando el periodo ordinario de los tribunales de justicia españoles acaba de comenzar.
En Francia, el año judicial principia en el mes de enero, y también se inaugura con un acto solemne, al que generalmente asiste el ministro de Justicia. Pero si lo hiciera el Presidente de la República, la presidencia del acto le corresponde inequívocamente a él.
En Italia, el año judicial coincide con el año solar y su apertura se produce mediante actos que se celebran en los diferentes distritos judiciales. Sin embargo, cobra particular relevancia la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Casación, que se celebra un día antes de los actos en los diferentes distritos, y que se desenvuelve ante la presencia del Presidente de la República, que es quien preside el acto.
En Salta, curiosamente, la ceremonia de apertura del año judicial empieza más de un mes después de la conclusión del periodo de receso estival (la feria judicial de enero); es decir, cuando la totalidad de los órganos judiciales llevan ya semanas funcionando a pleno. Añade mayor incertidumbre institucional el hecho de que una parte del ceremonial del Estado considere que la presidencia del acto corresponde al dueño de casa -el presidente de la Corte de Justicia- mientras que otra parte entiende que hay una suerte de «presidencia conjunta».
Lamentablemente para los operadores de prensa del presidente de la Corte de Justicia, cuando el Gobernador de la Provincia pone un pie en las instalaciones de la Ciudad Judicial, aunque más no sea para tomarse un café o sacarse una foto, la máxima autoridad presente en la casa es el Gobernador y no hay ningún juez, por más antiguo, gordito o importante que sea, que pueda ponerse por encima de él.
‘Memoria retrospectiva’
La Corte de Justicia ha anunciado también que, en coincidencia con la apertura del año judicial, iba a presentar una «memoria retrospectiva» (sic).Si por «retrospectivo» entendemos todo aquello que se considera en su desarrollo anterior, no caben dudas de que una «memoria» como la elaborada por el tribunal ha de ser necesariamente retrospectiva. En principio, no hay «memoria» posible sobre hechos que aún no han sucedido, sobre gastos que aún no se han efectuado, juicios que aún no han sido iniciados o inventarios que todavía no se han practicado.
Toda «memoria», entendida como la exposición de hechos, datos o motivos referentes a determinado asunto, es «retrospectiva» por el lado que se la quiera mirar, de modo que los más cultos del lugar se podrían haber ahorrado la tautología y demostrar que la sencillez del lenguaje judicial no es un solo un adorno de las sentencias.