La motivación del citado decreto es bastante llamativa, pues justifica la prisa, no tanto en la próxima caducidad de los mandatos vigentes de los dos magistrados, sino en su práctica simultaneidad.
La verdad, sin embargo, es muy diferente.
Urtubey ha querido renovar los mandatos de Catalano y Samsón sin esperar al resultado de las próximas elecciones provinciales; es decir, antes de que un nuevo Gobernador sea electo. El mandato de Catalano -recordemos- expirará el próximo día 3 de diciembre, mientras que el de Samsón lo hará solo cuatro días antes: el 29 de noviembre.
Lo que ha procurado Urtubey con este inusual adelanto es simplemente no tener en cuenta la voluntad del nuevo Gobernador que resulte electo. Tampoco ha negociado esta renovación con los que ahora son candidatos a sucederlo; de modo que se trata de un acto salido de su soberana voluntad. Con este paso, Urtubey ha consumado una maniobra más de todas las enumeradas recientemente y que afectan directamente a la configuración del Poder Judicial provincial.
Teniendo en cuenta el control absoluto que Urtubey mantiene sobre el Senado provincial y los cómodos tiempos del decreto 617/2008, que regula el así denominado «procedimiento participativo» (que es solo una pantalla sin ningún grado de efectividad para evaluar de un modo razonable la idoneidad del candidato propuesto), a Urtubey le hubiera bastado con iniciar el proceso de renovación a comienzos del próximo mes de noviembre. Pero, en un acto de poca elegancia política, como los últimos que ha otorgado, ha preferido no hacerlo en tal fecha; simplemente para eludir de modo autoritario la eventual consulta al próximo Gobernador o a los principales candidatos a ocupar este cargo. La designación anticipada de Catalano y Samsón por un nuevo periodo de seis años afecta no solo al inmediato sucesor de Urtubey, sino también al que gobierne Salta en el periodo 2023-2027
La maniobra se completa con la impresentable falacia argumental de la motivación del decreto 1286/2019, redactada una vez más, como viene siendo habitual, con un lenguaje barroco y calculadamente ambiguo.
Dice el decreto que se trata de una contingencia «que se presenta como una situación de carácter excepcional».
Pero por excepcional no debe entenderse «imprevisible»; de modo que la mentada contingencia es algo que ya todo el mundo -incluido el Gobernador- sabía que se iba a producir, solo con tener en cuenta las fechas del último nombramiento de ambos jueces y contar los plazos.
Urtubey afirma también en los considerandos del decreto que es su obligación adoptar «las previsiones necesarias para evitar que la extinción de tales mandatos en un periodo muy breve de tiempo provoque dificultades de gestión en las funciones propias de la Corte». Sin embargo, la motivación de la norma no especifica qué tipo de dificultades en concreto se podrían producir en el funcionamiento de la Corte si el Gobernador demoraba hasta noviembre el inicio del proceso de designación.
Con la misma imprecisión, el decreto habla de que «la conclusión de esos mandatos y la consecuente ausencia de jueces titulares en el cuerpo colegiado que actualmente integran son susceptibles de generar dificultades en el procedimiento de las causas en trámite». La fundamentación de la norma vuelve a guardar silencio sobre el tipo de dificultades que se podrían presentar en el trámite de los asuntos con una Corte integrada por solo cinco jueces.
Más enigmática aún, por imprecisa, es la referencia a eventuales bloqueos de la Corte en «asuntos futuros que requieran eventualmente la integración con un juez dirimente».
Sorprende en cualquier caso la referencia al «juez dirimente», una figura que no se encuentra prevista en el artículo 32 de la vigente ley provincial 5642, Orgánica del Poder Judicial de Salta. Además, cualquier juez de la Corte -titular o reemplazante- tiene la capacidad de «dirimir» cualquier asunto, en la medida en que esta acción no significa otra cosa que ajustar, concluir o componer una controversia.
Lo que está haciendo Urtubey, en consecuencia, es intentar blindar cuanto antes a Catalano y Samsón, y asegurarse de que los dos sigan siendo jueces de la Corte de Justicia hasta 2025, excediendo así todo el mandato de su sucesor (que expirará en diciembre de 2023) y la mitad del que, a su vez, suceda a este último. El actual Gobernador impone nuevamente así su voluntad, ignorando la que en sentido contrario pudieran tener los candidatos a sucederlo.