Aunque para que se produzca la reapertura de la investigación judicial en el caso de las turistas francesas no es necesario, en absoluto, ni una nueva denuncia ni que los particulares acerquen al Ministerio Público Fiscal nuevas pruebas, se espera que el gobierno provincial, a través del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia emita, sin dilaciones, una declaración pública en la que ofrezca una protección total para testigos que pudieran aportar sus cononocimientos del doble crimen.
Si es verdad que el gobierno de Urtubey y la Corte de Justicia han comprometido su palabra para esclarecer total y definitivamente este suceso, lo lógico es que quien tiene los medios para llevar a cabo esta tarea -el gobierno- provea todo lo conducente a la protección integral de los testigos que deseen declarar, incluyendo el otorgamiento de una nueva identidad, un nuevo domicilio, medidas de indemnidad económica y, eventualmente, una protección estrecha por el resto de la vida de los testigos y de sus familias, en caso de ser necesario.
Las recientes revelaciones de Jean-Michel Bouvier, en el sentido de que existe una testigo indirecta de los hechos, a quien conoce y que está dispuesta a declarar (ya lo ha hecho, con su identidad protegida, ante las cámaras de la televisión francesa), pero no a cara descubierta, por temor a represalias, es motivo suficiente para que un fiscal penal de Salta requiera al ciudadano francés que revele la identidad y domicilio de la testigo, a fin de facilitar su inmediata citación a declarar.
Sin embargo, si el gobierno no proporciona las debidas garantías a la testigo, es casi imposible, por elementales razones de prudencia, que Bouvier acceda a revelar las coordenadas de la testigo.
Pero si el gobierno, en un plazo razonable, no ofrece la protección que la testigo necesita, solo cabrá interpretar que el Gobernador de la Provincia no desea esclarecer hasta las últimas consecuencias la violación y asesinato de Cassandre Bouvier y Houria Moumni. Y en tal caso, habrá que preguntarse antes de las próximas elecciones qué motivos tiene el Gobernador para negarse a facilitar el debido esclarecimiento.
Es importante saber que, aunque el gobierno o los fiscales carezcan de un programa formal y reglado de protección de testigos, para que el gobierno adopte medidas idóneas en este sentido no es necesario que existan amenazas previas sino simplemente que el testigo sienta que su declaración puede poner en riesgo su vida, sus bienes, o los de las personas de su entorno.
La premura con que actúe el gobierno de Salta en esta materia impedirá que, más tarde o más temprano, la declaración de la testigo se preste en Francia y ante un juez francés, lo que supondría automáticamente un tremendo descrédito, no solo para el gobierno provincial, sino también para la estructura judicial de Salta, incluido el Ministerio Público Fiscal.