Con independencia de los motivos que lo han impulsado a tomar esta decisión, que son de todos conocidos, la propia carta de renuncia, que contiene unas pocas líneas, deja a la vista, con la mayor claridad posible, la discutible versación jurídica del renunciante.
Según el artículo 1º de sus estatutos, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Provincia de Salta, entidad a la que ha renunciado Cornejo, es una asociación civil y no un ente de derecho público.
Es decir, que el régimen legal aplicable a su funcionamiento interno es el regulado por los artículos 168 y siguientes del Código Civil y Comercial argentino. En lo que a renuncias de socios se refiere, el precepto estatutario que se debe invocar es el artículo 9º, cuyo inciso a) establece que los asociados cesarán en su calidad de tales «por renuncia».
Los estatutos del CMFS no establecen ninguna formalidad para la renuncia, pero el inciso g) del artículo 19º faculta expresamente al Consejo Directivo de la asociación civil a «considerar y aprobar las solicitudes de ingreso de socios y aceptar sus renuncias», de modo que para que el señor Cornejo sea formalmente desvinculado del CMFS todavía hace falta que el Consejo Directivo adopte una decisión sobre su renuncia y la haga pública.
Lo curioso de la renuncia escrita de Cornejo (además del «punto y guión» con que finaliza sus breves párrafos, del «día de fecha» -fecha que no se consigna- y de «Magistrados y Funcionario», prueba de que la carta una vez redactada no ha sido corregida) es la solicitud formulada al presidente Barrionuevo para que proceda «a su toma de razón para todos los efectos que pudiesen corresponder».
Escritor de libros de gran suceso y hombre sin dudas versado en letras, a Cornejo no se le pudo haber pasado por alto lo que significa, en lenguaje jurídico, esto de la «toma de razón», que no es, como su nombre puede insinuar, el brindis que se hace con un brebaje de sabiduría y cordura.
El Diccionario de Español Jurídico de la Real Academia Española dice muy claramente que la toma de razón es «la constancia escrita en documentos de oficinas públicas o en asientos registrales de ciertos actos o declaraciones de voluntad con trascendencia privada o pública».
Evidentemente, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta no es ni una oficina pública ni un registro público, de modo que todas sus actuaciones documentales son de la misma naturaleza que su propia existencia jurídica; es decir privadas.
Desde este punto de vista, no hay ni puede haber «toma de razón» de la renuncia de Cornejo en el CMFS y lo único que le cabe y compete al presidente Barrionuevo (destinatario del escrito de renuncia) es poner la decisión de Cornejo a consideración del Consejo Directivo, previsto en el artículo 12º de los estatutos y regulado como un «órgano permanente». Y a este consejo solo le compete adoptar una decisión: la de aceptar la renuncia, puesto que el precepto estatutario no le confiere facultades para rechazarla.
Probablemente, Cornejo cree estar renunciando a un ente público no estatal, pero el CMFS está muy lejos de esta categoría jurídica. Es decir, que, salvando algunas pequeñas distancias, la renuncia a una asociación de estas características no difiere mucho de la que presenta un socio de Juventud Antoniana o el integrante de la cooperadora de la escuela La Pólvora.
Quizá, para que suene así como más rimbombante, para que una simple renuncia parezca un oficio, se pide una «toma de razón», como si se tratara de una anotación marginal, que la asociación requerida no podría practicar ni aunque quisiera.
Lo más llamativo es que luego, los mismos que ahora parece que se están tirando los trastos por la cabeza y sacan a relucir viejos rencores, les dan clases de derecho a los demás.
Mejor sería, desde todo punto de vista, que la «toma de razón» fuese efectivamente la ingesta de una bebida refrescante y tonificante de las neuronas que hiciera más sabia y más prudentes a ciertas personas imprudentes.
