Después de que los nuevos fiscales designados por Abel Cornejo para investigar el suceso llamaran a declarar en calidad de imputado a Nicolás Cajal, el viudo de la mujer asesinada y el padre de sus dos pequeñas hijas, la diligencia, que se ha llevado a efecto ayer, se ha saldado con la imputación al declarante de un delito menor -el de encubrimiento- que de ningún modo arroja luz ni permite elaborar hipótesis más o menos verosímiles sobre las verdaderas circunstancias del horrible crimen, pero que de algún modo permite mantener viva la teoría del señor Cornejo acerca de la culpabilidad mediata o inmediata de Cajal en el asesinato de su propia esposa.
Ocurre que mientras el hipertrofiado aparato fiscal intenta acomodarse para hacer posible la concreción en el plano procesal de las ocurrencias del Procurador General, los ciudadanos -principales interesados en el esclarecimiento del crimen- siguen recibiendo mensajes confusos y contradictorios de parte de la autoridad competente.
Si hace solo un mes atrás se investigaba un homicidio como consecuencia de un robo mal planificado, hace dos semanas el mismo Procurador General habló de «femicidio» (homicidio cometido por un hombre sobre una mujer con motivaciones de género). Poco más tarde se dio a entender que se trató de un crimen por encargo y se detuvo a una persona que fue acusada formalmente de haber recibido dinero por perpetrar el asesinato, sin que se supiera nada de la persona que pudiere haberle hecho el encargo.
En menos de cuarenta y ocho horas, y no sin un nuevo cambio de fiscales de por medio, el presunto sicario -que todavía sigue entre rejas- pasó a ser un mero «campana», mientras se intentaba fortalecer la hipótesis de que el autor material es el viudo, sin explicar con objeto de qué alguien que planifica cometer un crimen en la intimidad de su propia casa necesita de un «campana» en las inmediaciones.
Tras el derrumbe de la teoría del sicario devenido sorprendentemente en campana, las redacciones se llenaron de imágenes rebosantes de euforia de un Procurador General seguro de que los nuevos fiscales designados iban a saltar a la cancha con una imputación explosiva en las horas siguientes.
Al final, los fiscales se han visto en la incómoda situación de tener que llamar a declarar como imputado al viudo de la víctima, cuyos argumentos exculpatorios ya habían sido expuestos, acreditados y explicados con profusión en la etapa inicial de la investigación.
Quizá lo más importante de la diligencia procesal de ayer es que los fiscales no sospechan que Cajal haya blandido el o las armas asesinas. A lo sumo se ha procurado «atarlo» al asunto con una poco verosímil acusación de encubrimiento, sin que se conozca por el momento, ni siquiera de forma remota o indiciaria, la identidad del sujeto encubierto.
Tras el entusiasta anuncio de Cornejo de los pasados días, se esperaba que el viudo fuese imputado como autor material o intelectual del asesinato, y que, en consecuencia, fuese inmediatamente detenido. Si así hubiera ocurrido, los ciudadanos tendrían esta mañana de jueves una idea más o menos cerrada del esclarecimiento del caso, pero el cargo de encubrimiento lo deja todo en el aire.
Declaraciones del abogado de Cajal
Pedro Javier Arancibia, abogado de la familia perjudicada y ahora defensor del marido imputado, ha calificado la audiencia de imputación de «lamentable y absurda».Tras la lectura del decreto de imputación, al letrado de Cajal no le quedan dudas de que los fundamentos en que se sustentan no solo son precarios, sino que también son «antojadizos, arbitrarios y caprichosos».
Arancibia ha vuelto a subrayar que la citación de su cliente y la imputación por encubrimiento «responde al capricho del Procurador General de querer vincularlo a Nicolás».
Para el abogado, la imputación se basa en dos circunstancias de apreciación subjetiva por parte de los fiscales. Sobre una de ellas -la cremación del cuerpo de la mujer- Arancibia ha aclarado que la entrega del cuerpo a los familiares fue una decisión de la Fiscalía Penal, adoptada después de haber realizado sobre el cadáver «todas las diligencias y pruebas necesarias».
«La decisión de cremar los restos ha sido consensuada», dice Arancibia, seguro de que el viudo no influyó en la decisión de la madre de la víctima de proceder a la incineración, pues ese y no otro era el deseo de la occisa. De haber influido de algún modo en la disposición final del cadáver, corresponde sin dudas a los fiscales acreditar que tal influencia obedeció a un propósito claro e inequívoco de eliminar pruebas y entorpecer la investigación. Es decir, no corresponde que el imputado explicite ni detalle de ningún modo la licitud de su decisión, sino, al contrario, la demostración de las malas intenciones corresponde a los acusadores públicos y solo a ellos.
Todo indica en este caso que los fiscales se mueven a espasmos en un terreno resbaladizo, siguiendo determinadas hipótesis construidas de antemano. Los fiscales esperan -con inusitada fe, por cierto- que sus conjeturas sean corroboradas por pruebas que aún no existen pero que podrían existir, si hacen bien el trabajo que les ha encargado el señor Cornejo y en la dirección que inequívocamente este les ha sugerido.
Según Arancibia, la familia de la víctima no ha exigido en ningún momento la entrega del cuerpo, como se ha afirmado con ligereza. Al contrario, ha sido la Fiscalía Penal la que ha llamado a la familia -dice- para que sea ella la que disponga del cuerpo, una vez que fueron practicadas y resguardadas las pruebas necesarias. «Los llaman para que dispongan como sea, ya sea cremando el cuerpo o dándole sepultura. Eso ya es una cuestión personal y familiar», ha dicho Arancibia, dando a entender que la decisión fiscal de entregar el cadáver a la familia no estaba condicionada a ninguna forma especial de disposición del cuerpo.
La oscuridad, más intensa que la luz
Tras la diligencia de ayer, que concluyó con una imputación light y sin motivos para privar de su libertad al declarante, hoy hay más dudas que certezas en un asunto en el que Abel Cornejo prometió «desenlaces inmediatos, explosivos e inesperados».El abogado Arancibia ha lamentado que, en vez de estar trabajando ahora mismo codo a codo con los fiscales en la búsqueda de los asesinos de Jimena Salas, se intente confundir a la sociedad enviándole mensajes contradictorios casi todos los días.
Con un presunto campana preso (sin que aparezca el campaneado) y un presunto encubridor imputado (sin que aparezca el encubierto), el estancamiento de la investigación de este crimen es si acaso mucho más grave y paralizante ahora que cuando Cornejo se hizo cargo del asunto.
Entre medio, han corrido ríos de tinta y las horas de aire y los centímetros que ha ocupado el Procurador General en los medios de comunicación de Salta solo se pueden comparar con los fastos por el décimo aniversario del fallecimiento de Michael Jackson.
Allí donde se pensaba que los «cruzados por la verdad» iban a disparar con un cañón para derribar altísimas murallas, la realidad nos ha mostrado que un grupo de aficionados a los videojuegos criminales ha cargado su honda con una bolita de paraíso, y aun así, han fallado el disparo.