Para los jueces federales que se reunieron ayer en Orán, es la carencia de recursos la que explica el colapso de esta jurisdicción y su incapacidad para enfrentar al narcotráfico y a la criminalidad organizada en la frontera norte del país. Así se desprende de un documento que magistrados del orden jurisdiccional federal de ocho provincias suscribieron ayer en la ciudad salteña de Orán, en el que se carga la responsabilidad sobre los demás poderes del Estado y en que resulta llamativa la ausencia de autocrítica.
En el citado documento, jueces federales de Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, Chaco y Buenos Aires , exhortaron al gobierno nacional a que «extremen la provisión de recursos humanos, tecnológicos y logísticos con el fin de optimizar las acciones de prevención, investigación y combate de esta clase de criminalidad».
Los magistrados piden también tener acceso inmediato a la información de que disponen las fuerzas de seguridad que intervienen en las investigaciones, especialmente aquella relacionada con el control por medio de radares.
En una declaración rebosante de voluntarismo, los jueces han dicho que «el Poder Judicial de la Nación aquí representado no tiene intención de retroceder y que la idea de avanzar en la lucha contra el narcotráfico es decisión tomada», olvidando que la persecución de los delitos es un imperativo legal irrenunciable y, por tanto, una cuestión que escapa a la decisión individual o colectiva de los magistrados.
Otro de los puntos acordados en la reunión se refiere a la comunicación entre los secretarios de cada juzgado. Los jueces consideran que estos funcionarios deben estar «en contacto permanente», para intercambiar información sobre personas involucradas en causas penales en las que se investigue al narcotráfico, la trata de personas, contrabando y lavado de activos.
Cárceles superpobladas
El documento de los jueces dirige una advertencia a los Ministerios de Justicia y Seguridad de la Nación sobre la «necesidad imperiosa de contar con establecimientos federales en las provincias en cuestión, debido al hacinamiento en las cárceles provinciales y federales de la jurisdicción».Dicen los magistrados que el problema de la superpoblación carcelaria ya había sido expuesto con anterioridad en la reunión que mantuvieron en Rosario de la Frontera en agosto del 2013. En tal sentido recordaron que a pesar de los convenios suscritos con los servicios penitenciarios provinciales, estas cárceles dicen no disponer de espacio cada vez que un juez les envía a un preso federal.