El complejo año electoral que tenemos por delante los salteños no comenzará en agosto, con la celebración de las PASO, sino cinco meses antes. Concretamente, el próximo día 22 de marzo, fecha en la que todos los abogados que pertenecemos al Colegio de Abogados y Procuradores de Salta estamos convocados a elegir nuestros representantes en el Consejo de la Magistratura.
La elección es crucial, por muchos motivos, y su importancia excede notablemente el acotado ámbito judicial.
El primero de estos motivos, y sin dudas el más sobresaliente, es que los abogados de Salta estamos llamados a configurar el órgano constitucional que decide quiénes se van a ocupar de tutelar nuestros derechos y libertades fundamentales, quiénes van a aplicar la ley y quiénes van a controlar la regularidad de los actos de los restantes poderes del Estado.
A pesar de que su diseño institucional no es el óptimo y su funcionamiento todavía deja mucho que desear, el Consejo de la Magistratura es y seguirá siendo un órgano constitucional fundamental para la vida democrática de los salteños. A su rescate debemos acudir todos, unidos y comprometidos, en nombre de la Justicia, pero también en nombre de los valores de igualdad y transparencia que inspiran nuestra república.
En Salta, el Consejo de la Magistratura está integrado por representantes del mundo judicial (un juez de la Corte de Justicia, un juez que representa al resto de los magistrados y un representante del Ministerio Público); del mundo parlamentario (tres representantes designados por la Cámara de Diputados de la Provincia) y del mundo profesional (tres abogados colegiados ejercientes).
De acuerdo con la Constitución de Salta, el Consejo de la Magistratura tiene por misión la de seleccionar, mediante concurso público, a los magistrados inferiores del Poder Judicial, a los jueces de Paz letrados y a los funcionarios del Ministerio Público, con excepción del Procurador General, el Defensor General y el Asesor General de Incapaces, cuyo mecanismo de designación es similar al de los jueces de la Corte de Justicia, según lo prevé el artículo 165 de nuestra Constitución.
Pero la importancia de esta elección, como ya he dicho, rebasa el ámbito institucional y proyecta consecuencias políticas y sociales muy importantes, que me gustaría destacar.
Quizá como nunca antes en la breve historia de este órgano, los salteños nos encontramos frente al desafío de deconstruir las estructuras del poder feudal, que ha hundido sus garras de modo perverso en el Consejo de la Magistratura y le impide desempeñar su cometido constitucional.
Estamos frente a una oportunidad probablemente irrepetible de acabar con un sistema judicial sometido a los designios del poder político de turno. Es por ello que estoy convencido de que el refuerzo del pluralismo y la independencia del Consejo de la Magistratura pondrá fin a la endogamia judicial, acabando con el amiguismo y el compadreo, que tanto daño han provocado a las instituciones y a los derechos de nuestros conciudadanos al propiciar la designación de jueces ineptos, cuya única virtud es el parentesco o la amistad con los seleccionadores.
Acabar con estas prácticas viciosas -que incluyen concursos amañados, resoluciones injustas, contrarias a Derecho y producto del capricho de una pequeña pero influyente camarilla judicial- es un imperativo democrático de primera magnitud. Si conseguimos que quienes representan a los abogados en el Consejo de la Magistratura sean electos de una forma transparente y que desempeñen su cargo con lealtad a la Constitución y no a los intereses sectoriales, cualesquiera que estos sean, conseguiremos sentar las bases para un cambio de paradigma en la política de Salta.
Hoy, los abogados de todas las edades, de todas las especialidades, con independencia del lugar de su formación, de sus preferencias políticas y de sus convicciones ideológicas deben comprometerse a que la selección de los jueces y fiscales se ciña estrictamente, en su forma y contenido, a las disposiciones de nuestra Constitución y las leyes vigentes. Si, por el motivo que sea, los demás sectores que conforman el Consejo de la Magistratura no se muestran preocupados por estos temas, los abogados de Salta, por la responsabilidad social que nos cabe, estamos llamados a enarbolar las banderas del interés general y convertir esta aspiración en un imperativo democrático.
Los abogados tenemos que hacer un esfuerzo consistente y sostenido en el tiempo para que el órgano plural que conformamos seleccione a magistrados probos y transparentes, que tengan absoluta independencia de criterio respecto de los demás poderes del Estado, que sean también independientes de otros jueces con más poder y que tengan la suficiente valentía, tanto para hacer primar en todo momento el interés público tutelado por la ley, como para resistir las presiones de una sociedad feudal que lentamente agoniza.
Las elecciones de abogados para el Consejo de la Magistratura son también una oportunidad para reforzar el protagonismo de las mujeres abogadas, cuyo número y capacidad profesional han venido creciendo sostenidamente en las últimas décadas. Aspiramos a una representación equilibrada, que enriquezca los debates y que promueva la incorporación de nuevos valores y nuevos enfoques, más compatibles con una sociedad igualitaria en materia de género.
Me permito advertir a mis colegas abogados que nada de esto se va a poder conseguir sin compromiso y sin participación de los interesados. En la encrucijada en la que nos encontramos, la indiferencia solo favorece a quienes pretenden perpetuar la dominación feudal de las instituciones y el beneficio particular de quienes las ocupan.
Los animo a salir de la comodidad, a hablar con nuestros colegas -especialmente con los más jóvenes- para que entre todos seamos capaces de conseguir que la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura lidere los cambios políticos del tiempo que se avecina en Salta y se erija en modelo de una sociedad más plural, más participativa, más respetuosa de la ley y más justa.