Al ciudadano Ariel Isaías Aguiérrez Quinteros (24) la jueza que lo ha juzgado le ha hecho un buen precio, ya que lo ha condenado a una pena de tres años de prisión, que además no deberá cumplir efectivamente al haberse declarado la condena de ejecución condicional.
Aguiérrez Quinteros fue hallado culpable de:
1) Dos delitos de privación ilegítima de la libertad, agravada por la violencia.
2) Dos delitos de amenazas.
3) Un delito de amenazas con arma.
4) Un delito de lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y por el género.
5) Dos delitos de desobediencia judicial.
6) Cinco delitos de hurto simple.
7) Un delito hurto calificado por el uso de llave.
A pesar de este portfolio, Aguiérrez Quinteros permanecerá en libertad, a cambio de cumplir reglas de conducta durante el plazo de tres años.
Estas reglas de conducta consisten en fijar residencia e informar al tribunal cualquier cambio de domicilio, no cometer nuevo delito, someterse a tratamiento psicológico en el programa de intervención para agresores de violencia de género del Ministerio Público, previo dictamen de admisibilidad por los profesionales a cambio y, en caso de no serlo, realizar el tratamiento de forma particular en otra institución; no abusar de la ingesta de bebidas alcohólicas y abstenerse de consumir estupefacientes, realizar tratamiento psicoterapéutico por su adicción a las drogas y al alcohol, no acercarse a la víctima, a su domicilio y a los lugares que ella frecuente en un radio de 300 metros; no ejercer actos de violencia física o psíquica en su contra, someterse al cuidado del programa de inserción social y supervisión de presos y liberados de Salta cada tres meses.
Según se desprende de la información oficial, era más sencillo para el condenado cumplir su condena en prisión, ya que, además, de todo lo anterior, deberá llevar un dispositivo electrónico de localización, desde que la juzgadora lo ha incluido en el denominado Sistema Único de Monitoreo de Agresores (SUMA), y sus datos genéticos le serán extraídos quiera él o no, para ser incluidos en el registro provincial de condenados vinculados a delitos contra las personas y contra la integridad sexual.