En una decisión suprema, elaborada sin ninguna participación formal de los demás jueces y tribunales, la Corte de Justicia de Salta ha formulado su presupuesto para el año 2019. El alto tribunal salteño ha estimado los gastos totales del Poder Judicial salteño en el ejercicio presupuestario del año que viene en la cantidad de 2.969.013.955,99 pesos.
La decisión de los altos jueces salteños -instrumentada a través de una ‘acordada’- ha sido comunicada con cierta precaución, ya que en parte oficial de prensa que se distribuye a los medios salteños, se afirma que el tribunal ha decidido «mantener las medidas de contención del gasto de 2018», justificando tan graciosa decisión en «la situación económica y financiera de la Provincia».
¿Cuáles son tales medidas de contención de gasto? Pues a juzgar por lo que dice la comunicación de prensa, la estrechez económica y las malas cuentas del gobierno provincial han obligado a frenar la expansión judicial iniciada a finales de 2015. En esta inteligencia, los siete jueces que integran la Corte de Justicia provincial han decidido -como si el cumplimiento de la ley fuese cosa de ellos- «postergar la puesta en funcionamiento de distintos tribunales y otras iniciativas».
Aun así, la Corte dice haber hecho «una excepción» con las leyes 7624, 7954 y 7984, que establecen que cada una de las cinco salas de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial deben incorporar a un tercer juez, la Oficina de Violencia Familiar y de Género de la ciudad de Orán debe incorporar a cuatro profesionales, y se debe poner en funcionamiento el nuevo Juzgado en lo Civil de Personas, Familia y Violencia de Género en el Departamento de Anta.
De la información oficial se desprende que el gasto que demande la puesta en marcha del Juzgado de Anta ha sido previsto e incluido en el proyecto de presupuesto de 2019, mientras que para pagar a los nuevos cinco jueces del tribunal de apelaciones y a los «profesionales» de la OVIFG de Orán, simplemente se ha pedido «refuerzos presupuestarios».
Los jueces de la Corte han dicho que «en ese marco» (el de la restricción del gasto, se entiende), continuará la adecuación de la infraestructura de inmuebles e instalaciones requeridas, «con la mínima inversión posible», una inversión que, por cierto, no ha sido cuantificada. Lo llamativo es que esta política de «mínima inversión» se anuncia solo ocho días después de que uno de los integrantes del alto tribunal -el señor Vittar- haya anunciado en Entre Ríos la construcción de un faraónico data center para hospedar la información del aún inexistente «expediente digital».
Da la impresión que el sueño tecnológico del data center deberá esperar a que soplen mejores vientos, toda vez que la comunicación de la Corte dice que «en el marco de la difícil situación económica, se incluyeron para el ejercicio 2019 sólo las previsiones presupuestarias indispensables para su mantenimiento y continuidad». Se refiere la Corte al «desarrollo informático planificado de las oficinas judiciales».