Casualidad o no, en el mismo momento en que el juez Guillermo Catalano asumió la presidencia de la Corte de Justicia de Salta -hecho ocurrido a finales de 2015- los procesos penales en los que se hallaba imputado el exgobernador Juan Carlos Romero comenzaron a desactivarse silenciosamente para luego caer, uno tras otro.
Cualquiera podría relacionar esta especie de prodigio judicial con el hecho de que fue Romero quien convirtió a Catalano en juez del más alto tribunal de justicia de la Provincia, después de largos años de obedientes y prolijos servicios al Partido Justicialista de Salta.
Pero en Salta -justamente en Salta- las cosas nunca son tan lineales, ni claras.
El caso es que después de años de batallar, el exgobernador ha conseguido que dos jueces que pertenecen por derecho propio al bloque judicial capitaneado por el presidente de la Corte (los señores Ramón Medina y Guillermo Adriano Polliotto) han decidido declarar la nulidad del expediente judicial en que se investigaba un posible caso de corrupción inmobiliaria en el que aparecía señalado como imputado el exgobernador Romero y al mismo tiempo han decretado la inadmisibilidad del requerimiento de instrucción penal, del que aquel expediente trae su causa.
En estos papeles estaban señalados como presuntos autores de uno o varios delitos penales, no solo el exgobernador, sino también su hijo Juan Esteban Romero Marcuzzi, el exministro de Trabajo de Urtubey Rubén Fortuny, el operador José Luis Agustoni y los notarios María Cecilia Pérez de la Fuente, Laura Inés Wayar y Víctor Manuel Brizuela, este último también ministro durante el gobierno de Romero.
Muy atrás han quedado los tiempos en que la fiscal María Inés Loyola se jugaba el pescuezo llevando a los estrados, no solo a los mencionados, sino también a Carlos Abeleira (actual ministro de Urtubey) y a Lucas Amado (exsecretario de Estado con Urtubey).
La fiscal tenía más o menos claro, hace unos ocho años, la responsabilidad de los anteriormente mencionados en las operaciones inmobiliarias que terminaron con la apropiación de las 90 hectáreas de La Ciénaga por la sociedad mercantil Estancia El Carmen, S. A., relacionada con el exgobernador Romero o con su familia, adquiridas originalmente por el Estado provincial para fines sociales y readquiridas posteriormente por la empresa antedicha.
Si bien la decisión judicial aún no es firme, en los pasillos de la mole de cemento que se alza enfrente de El Huaico se da por hecho de que será definitiva, pues en Salta este tipo de decisiones, tan vinculadas a las «altas esferas» políticas no encuentra, del otro lado del mostrador, generalmente, a nadie que tenga la dignidad suficiente o el coraje necesario para cuestionarlas.
Desde que en 2011 el llamado Tribunal de Impugnación sustituyera a la antigua Cámara del Crimen (un nombre más propio de la serie de Jessica Fletcher), los jueces que integran este tribunal -en su mayoría valedores del actual presidente de la Corte de Justicia- no han dejado de escribir ni un solo día estupendas páginas en la antología del absurdo en que parece haberse convertido la incabable novela judicial salteña.
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