El precipitado desenlace del pedido de juicio político contra el presidente de la Corte de Justicia de Salta ha provocado pequeños sismos, de regular intensidad, en una serie bastante selecta de oficinas judiciales y fiscales de la ciudad de Salta.
Si bien en estos círculos se daba por descontado que el control de la Legislatura por fuerzas afines al gobierno provincial iba a hacer naufragar la iniciativa de seis diputados provinciales, casi nadie calculaba que el trámite iba a ser despachado por la comisión competente en un abrir y cerrar de ojos y con fundamentos tan endebles como los que finalmente se escribieron en la deficiente resolución que inadmitió la acusación.
La insatisfacción en algunos despachos judiciales con influencia era palpable ayer por la tarde y mucho más esta mañana, no porque nadie esperara la destitución del presidente de la Corte sino por la cortedad de miras de los diputados que unánimemente cerraron el paso al juicio político solicitado y por la sospecha de que ha sido el propio presidente de la Corte el que redactó de su puño y letra los fundamentos que sostienen su precario «sobreseimiento».
Algunos se han quejado de que los graves incumplimientos constitucionales del presidente de la Corte de Justicia hayan sido juzgados en un pis pas por tres legisladores jóvenes, sin apenas experiencia (Godoy, Romero, Lara Gros), que a su falta de rodaje en asuntos institucionales de cierta envergadura suman el hecho de que sus padres, o ellos mismos (en un caso muy conocido), están de algún modo vinculados a complicados procesos judiciales cuya paralización se atribuye a la prodigiosa «cintura política» del presidente de la Corte.
Un grupo más o menos numeroso de jueces, secretarios letrados, fiscales, defensores oficiales y asesores de incapaces se han manifestado sorprendidos y frustrados por el hecho de que las maniobras del poder, encaminadas a blindar al presidente de la Corte, hayan provocado fisuras en la oposición política y abierto una enorme brecha en la coalición Cambiemos.
Con desagrado poco menos que inocultable, recuerdan que horas antes de que los bisoños diputados exculparan «por la cara» al presidente de la Corte, el diputado nacional Miguel Nanni utilizó el medio de comunicación favorito de las operaciones domésticas de poder para desautorizar a los legisladores de su propio partido -la UCR de Salta- que habían solicitado la apertura del juicio político.
El mismo desagrado, esta vez aumentado, ha provocado en ciertos círculos la actitud del diputado provincial Andrés Suriani, del PRO, que votó en contra del juicio político que habían pedido tres compañeros suyos de partido.
«Ni Catalano ni la Corte salen reforzados después de la decisión de los diputados», dicen algunos magistrados cuyo nombre prefieren mantener en reserva. «Al contrario, todo indica que la curiosa advertencia final de los diputados de que la Corte no puede declarar por sentencia la inconstitucionalidad de la propia Constitución, deja flotando en el aire la sensación de que una comisión integrada por diputados inexperimentados está por encima de la autoridad de la Corte en materias que son de su exclusiva competencia, y esto más que un refuerzo representa un detrimento de la influencia que hasta ahora el tribunal venía ejerciendo».
Para otros magistrados, Catalano no ha dado explicaciones convincentes sobre su actuación personal y la del tribunal que preside en el asunto de las acciones populares de inconstitucionalidad contra el artículo 156. «De un magistrado de tan alta responsabilidad se esperaban explicaciones razonadas y coherentes, que estuvieran no solo a la altura de la importancia de sus deberes sino, sobre todo, a la altura de su preparación personal».
Las mismas voces sugieren que el presidente de la Corte de Justicia ha optado por una «defensa político partidista» y que en vez de tomarle la medida a la dimensión institucional del asunto lo que hizo fue medir su fuerza con quienes lo acusaron. «Y no salió bien parado», dicen los consultados, a pesar del resultado conocido.
«La mayoría de los jueces letrados de la Provincia trabaja en sus asuntos con una gran profesionalidad y se rehúsan a formar camarillas o a integrar círculos de confianza», aclara una magistrada de larga trayectoria en el Poder Judicial. «El estilo impuesto por el presidente de la Corte exige una sumisión permanente y la integración en un sistema de lealtades personales que es incompatible con la independencia interna del Poder Judicial», añade. «Del pedido de juicio político no se esperaba que terminara en una destitución, sino que los diputados demostraran que, llegado el caso, ellos podían proteger a la Constitución de los ataques que está recibiendo. Pero no ha sido así y lo que hay que esperar ahora es que los ciudadanos decidan qué hacer con los diputados que no han cumplido con su deber», confiesa.
La sensación en los pasillos es más de frustración que de impotencia, porque casi todos los consultados saben que aunque el presidente de la Corte se haya dejado las plumas en su intento por eludir el juicio, su estilo personalista y las lealtades que exige elevarán su cotización, aunque por estas horas no se sabe muy bien cómo responderán los que no simpatizan con esta forma tan particular de entender el ejercicio del poder.
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