Nuestro sistema institucional se caracteriza porque el Poder Judicial funciona bajo una estructura horizontal, dentro de la que cada magistrado que ejerce el poder de juzgar es titular del ejercicio de la potestad jurisdiccional del Estado. Entre titulares, no hay superiores jerárquicos; es decir, los jueces no tienen jefes, ni autoridades que los manden.
O no deberían tenerlos, lo cual constituye un toque de atención para la Corte de Justicia de Salta, cuyas actuaciones públicas tienden a hacernos pensar en un Poder Judicial concentrado en el vértice, con un único titular, que además se encarga de repartir premios y castigos entre iguales.
Nuestros jueces no tienen «autoridades». No están subordinados más que a la Constitución y a las leyes. Es decir, están solo sujetos al poder soberano del pueblo, expresado de forma racional a través de las normas escritas que debaten y sancionan sus legítimas autoridades.
De allí que decir o publicar que los jueces de Salta «elegirán a sus autoridades» es formal y sustancialmente incorrecto.
Más todavía lo es cuando lo que van a elegir los jueces es simplemente la comisión directiva de la asociación que los agrupa, y no precisamente la más representativa ni la más antigua.
La llamada Asociación de Jueces de Salta -nacida al calor de la incomodidad «de clase» que produce la coexistencia de los juzgadores con miembros del Ministerio Público, secretarios, prosecretarios y abogados auxiliares en el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta (existente desde hace más de medio siglo)- no tiene ni por asomo autoridad sobre los titulares del poder judicial. Tampoco la tienen los que integran su directiva, por mucho que intenten tenerla.
Cualesquiera sean los objetivos que persigan los que han decidido crear un sindicato paralelo de jueces, separados formalmente de sus colegas magistrados y funcionarios, lo que no se debe olvidar por ningún motivo es que el Poder Judicial está abierto a la crítica, fundada o infundada, ya que los jueces no son infalibles y deben aceptar someterse al escrutinio de la opinión pública, como cualquier otra persona que ocupa un cargo público. Dicho en otros términos: deben soportar las fake news y los trolls como cualquier hijo de vecino.
Antes que andar pregonando una «autoridad» de la que carecen, los que dirigen esta asociación y los que aspiran a dirigirla en el futuro deberían comprometerse firmemente con el orden constitucional en materia de Derechos Humanos y mostrar claras señales de que su misión como jueces consiste en poner freno a los excesos en el ejercicio del poder, y no bendecir -como han venido haciendo hasta ahora- los atropellos que se cometen contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.
La defensa y protección de los derechos humanos y de las libertades reconocidas por la Constitución es responsabilidad de todos los servidores públicos. No es una responsabilidad política ni una responsabilidad en abstracto: es una responsabilidad jurídica y constitucional muy seria, a la que no se honra colgándose medallas ni proclamando «autoridades» que nacen con la vocación de imponerse sobre el criterio individual de cada titular del poder de juzgar y persiguen el objetivo de uniformizar los criterios de subordinación al poder político.
{articles tags="current" limit="3" ordering="random"}
{Antetitulo}
{link}{title limit="58"}{/link}
{created} - {cat_name} -