El Juez de Garantías Nº 2 de la ciudad de Salta, señor Ignacio Colombo, ha decidido no innovar en la situación procesal de una yegua y un potrillo (no se sabe si existe vínculo materno-filial entre ellos) que le fueron incautados a un excarrero.
El procedimiento se inició por denuncia de una asociación protectora de animales que sostuvo ante el juez que el propietario de la referida yegua y el mencionado potrillo los sometía a malos tratos.
Esta denuncia dio pie a la incoación del procedimiento penal GAR 133550/16, en cuya tramitación se ordenado el depósito judicial de los caballos en una fundación privada que, curiosamente, comparte nombre con la asociación protectora denunciante.
El juez señor Colombo ha informado que encuentran en trámite las actuaciones originadas a partir de un informe del Departamento de Caballería de la Policía de la Provincia, «mediante el cual se pone en conocimiento de los caballos secuestrados con que cuenta esa dependencia». Más que de caballos «judicializados», correspondería hablar aquí de caballos «humanizados», ya que aunque es frecuente que los policías de Salta adopten algunas decisiones irracionales, esto de «poner en conocimiento de los caballos» es toda una novedad en la materia.
El juez Colombo a requerido a las diferentes fiscalías que mantienen a los «caballos judicializados» para que informen si les interesa o no la manutención de los mismos, bajo apercibimiento de ordenarse su decomiso. Aunque, como tal medida, el decomiso solo puede ser acordado por un tribunal o juez de juicio, y no por el juez de garantías, a menos que con la palabra «decomiso» se quiera dar a entender la remota posibilidad de destinar a los equinos a la faena charcuteril.
El informe solicitado por el juez a los fiscales deberá ser evacuado en el plazo de 48 horas.
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