Condenados a prisión perpetua los padres sustitutos de Thiago Quipildor

  • Un tribunal penal de Salta envía a prisión perpetua al matrimonio que acogió a un menor por decisión judicial, tras declarar probado que los progenitores sustitutos mataron a uno de los niños con ensañamiento y 'por placer'.
  • Final de un juicio penal en Salta
La Sala Tercera del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta ha condenado anoche a máxima pena prevista en el ordenamiento argentino a los ciudadanos Patricia Alejandra Sánchez y Víctor Marcelo Senise. Los jueces los han encontrado culpable de un delito de homicidio doblemente calificado por ensañamiento y por placer cometido en perjuicio del menor Thiago Quipildor.

El matrimonio condenado ejercía la guarda del menor fallecido y de sus hermanos por decisión judicial, bajo el control del Ministerio de Derechos Humanos. La que fuera titular de este ministerio cuando ocurrieron los hechos no fue procesada.

En cambio, sí lo fueron cuatro agentes de menor rango de esta cartera del gobierno: dos psicólogas, una asistente social (condenadas por omisión de sus deberes) y un médico, que lo fue por un delito de falsedad documental.

El tribunal juzgador, integrado por los magistrados Pablo Farah, Carolina Sanguedolce y María Gabriela González ha condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, más la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de su profesión, a la psicóloga Lorena Alejandra Recchiuto, a quien halló culpable de un delito de omisión de los deberes de funcionario público y otro de falsedad documental.

María del Huerto Vargas, asistente social, ha sido condenada a la misma pena, solo que en su caso la inhabilitación se extiende no solo al ejercicio de su profesión habitual sino que también alcanza al desempeño de cargos públicos durante diez años.

Por su parte, la psicóloga Yaqueline Mónica Rosas ha sido condenada por los mismos delitos, pero su pena es menor (de dos años de prisión de ejecución condicional, dos años de inhabilitación para ejercer la profesión de psicóloga y ocho años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública).

El útimo de los condenados es el médico Sergio Alejandro Gonza, quien deberá cumplir una pena de un año de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación para ejercer la profesión de medicina. En su caso, por un delito de falsedad documental.

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