Fuentes oficiales del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza, citadas por el sitio web mendozapost.com, han informado que se ha iniciado una causa penal de oficio contra el sacerdote Jorge Gómez, conocido también por su sobrenombre de Pato, por un presunto delito de incitación a la violencia, previsto y castigado por el artículo 212 del Código Penal Argentino.
Como es sabido, durante el acto oficial celebrado ayer por el aniversario de la declaración de la independencia, el sacerdote hizo un llamamiento a «levantarnos en armas para defender a nuestras familias», como expresión de rechazo a una jornada de educación sexual realizada en aquel Departamento del Sur de la Provincia de Mendoza.
La coordinadora del Ministerio Público Fiscal mendocino, señora Teresa Day, ha confirmado a otro medio de comunicación de su Provincia que el fiscal Norberto Jamsech Beltrán, de la Fiscalía de Cámara de San Rafael, ha comenzado a actuar de oficio y que en estos momentos «está tomando medidas», a consecuencia de las afirmaciones del sacerdote Gómez durante el acto público realizado en Malargüe.
La señora Day ha confirmado que en el procedimiento abierto se investiga la probable comisión por parte del sacerdote de los delitos de incitación a la violencia (Art. 212) y apología del delito (Art. 213 del Código Penal).
Curas sí, gauchos no
La decisión de los fiscales de Mendoza, tanto por su rapidez como por su contundencia, contrasta notablemente con la de sus colegas salteños, que a comienzos de junio del año pasado, ignoraron completamente el temerario anuncio del presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, quien en una entrevista concedida a un canal de televisión de Salta, dijo que «el pueblo se va a alzar en armas si no se aprueba el feriado de Güemes».En aquella ocasión, ninguna autoridad de Salta tuvo el coraje, no ya de condenar, sino simplemente de criticar la amenaza del jefe gaucho, que tanto en la forma como en el contenido se parece mucho a las expresiones del sacerdote Gómez, hoy sospechoso de haber cometido dos delitos.
Diez días después de formulada la amenaza contra los poderes constituidos de la Nación, el propio Gobernador de la Provincia de Salta, compartió un almuerzo con el gaucho presuntamente sedicioso, enviando así un claro mensaje de impunidad a la sociedad salteña.
Como los delitos que podría haber cometido el gaucho son, de largo, mucho más graves de los que por ahora se atribuyen al sacerdote mendocino, es del caso suponer que la acción penal aún no ha prescrito y que los fiscales salteños todavía pueden actuar de oficio.
La gravedad de las declaraciones del jefe gaucho estriba en que -a diferencia del cura, que solo puede movilizar las conciencias de sus feligreses- los gauchos configuran una especie de fuerza armada de baja intensidad, por detrás de su disfraz costumbrista. Lo que hace suponer que la amenaza fue cualquier cosa menos inidónea.