
La magistrada le ha impuesto una pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, tras valorar que la persona enjuiciada había comprado una moto robada.
Para ello consideró necesaria la aplicación de la sanción, «conforme los estudios realizados y antecedentes del menor», dice la información oficial del Poder Judicial.
La misma información omite señalar en todo momento si el menor condenado conocía o no el origen ilícito de la moto que había comprado.
El joven condenado deberá fijar domicilio y comunicar todo cambio al tribunal, someterse al cuidado de un patronato, abstenerse de cometer nuevos delitos y abstenerse de consumir estupefacientes y bebidas alcohólicas. Todo ello, durante un plazo de dos años y bajo apercibimiento de ingresar en prisión en caso de incumplimiento.