Una información oficial del Poder Judicial de Salta confirma que el preso Gabriel Herrera, alias Chirete, quien fuera recientemente trasladado a la cárcel de Orán, a petición suya, ha cambiado de opinión y ahora quiere volver a Salta. Si los deseos personales del preso son los que importan y no el orden público, el Juez de Garantías Nº 4 de la ciudad de Salta, señor Diego Rodríguez Pipino, debería resolver en consecuencia y hacer que el preso regrese a Salta.
Pero sucede que los traslados de Chirete de un lado para el otro requieren de un despliegue de fuerzas de seguridad un poco complejo y nada barato. Y no parece que vaya a ser el propio preso el que vaya a pagar lo que cuestan sus desplazamientos hasta encontrar una cárcel que le venga bien, teniendo en cuenta que ya ha pasado por las de Metán, Salta y Orán.
En las dos primeras, Chirete dejó su huella indeleble: mató en Metán a su esposa y en Salta a su novia. No cuando disfrutaba de permisos, sino cuando las mujeres fueron a visitarlo al penal. Toda una certificación del alto nivel de seguridad que hay en las cárceles salteñas; especialmente para las visitas.
El preso parece tener también una gran habilidad para conseguir en su lugar de reclusión armas u objetos peligrosos que pueden ser utilizados como tales, pues para hacer evidente su malestar en la cárcel de Orán, se autolesionó de una forma tal que fue necesario llevarlo al hospital de Orán. Todo ello, claro está, en medio de un operativo de fuerzas de seguridad cuya alta factura se podría haber evitado, si Chirete hubiera sido alojado donde le fuera imposible conseguir o fabricar un arma.
El señor Rodríguez Pipino ha puesto en marcha nuevamente la maquinaria procesal ante el pedido de Chirete para volver al pago. De la solicitud del preso, el juez ha dado traslado a las demás partes intervinientes para que digan lo que convenga a su derecho.
El problema parece ser que a Chirete no hay colectivo que lo deje bien, de modo que probamos en la cárcel de Tartagal o la Secretaría Tutelar de la Corte convoca a un concurso público para ver qué otra Provincia quiere hacerse cargo de Chirete y pagar los gastos de sus veleidades penitenciarias.