El Gobernador de la Provincia ha afirmado esta mañana en una entrevista concedida a FM Aries de la ciudad de Salta que el concurso público convocado para cubrir los cinco nuevos cargos de jueces en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial ha estado «plagado de irregularidades». Sin embargo, el Gobernador no se ha referido a simples infracciones a las normas que rigen el procedimiento, sino que ha dejado entrever con bastante claridad que ha habido de por medio maniobras dolosas encaminadas directamente a alterar los resultados del concurso, sea para satisfacer apetitos corporativos, o sea con cualquier otra finalidad.
Así se desprende de las palabras del Gobernador cuando afirma que «alguna gente fue a hacer la prueba con todo el caso ya resuelto» o que en el concurso se han empleado «artilugios corporativos».
La acusación es sumamente grave, básicamente porque la alteración voluntaria y consciente de los resultados de un concurso público puede ser constitutiva de delito, algo que parece ratificar el Gobernador de la Provincia cuando habla de que algunos quieren hacerlo «cómplice».
El empleo de esta palabra deja por sí solo retratada la escasa precisión jurídica del mandatario, puesto que «cómplice» solo es aquel que, sin ser autor de un delito o una falta, coopera a su ejecución con actos anteriores o simultáneos. Evidentemente, no caben dentro del concepto de «cómplice» los actos posteriores, como por ejemplo el que supone elegir uno de los tres candidatos que conforman una terna.
Esta grave acusación trasciende la esfera institucional y se proyecta sobre el ámbito en que se despliega el derecho al honor y la propia imagen de las personas. De la censura procedimental, el Gobernador ha pasado, sin transiciones, al reproche personal, que es tanto más grave cuanto que no ha concretado quiénes son o podrían ser las personas que han manipulado el concurso, bien sea facilitando a los concursantes el caso resuelto antes de que se les tomara la prueba escrita, o valiéndose de esta ayuda ilícita para obtener un resultado favorable.
Es sin dudas sorprendente el grado de certeza que demuestra con sus acusaciones el Gobernador de la Provincia, por cuanto ni él ni ningún funcionario subordinado suyo ha sido parte en el procedimiento administrativo tramitado por el Consejo de la Magistratura. El Gobernador no ha revelado, ni parece que lo vaya a hacer, cómo pudo enterarse, por ejemplo, de que los concursantes finalmente elegidos (algunos de ellos o todos) conocían de antemano la prueba escrita que se les iba a tomar.
Las palabras del Gobernador, enrocado en una interpretación extensiva (y, por tanto, ilegal) de sus facultades constitucionales, afectan directamente la honorabilidad de muchas personas, pero en especial la de los ciudadanos María Inés de los Ángeles Casey, María Alejandra Gauffin, Alejandro Lávaque, María del Rosario Arias Gómez, María Isabel Romero Lorenzo, Ramón Ángel Salto, Leonardo Rubén Araníbar, Marcela Verónica Dávalos, María Victoria Mossman, María Silvina Domínguez, Gonzalo Mariño, María Guadalupe Villagrán, Sergio Osvaldo Petersen, Magdalena Solá y María Virginia Toranzos. Son ellos los quince ternados escogidos por el Consejo de la Magistratura para ocupar los cargos en disputa.
Si el Gobernador no aclara en las próximas horas quiénes son las personas responsables de ejecutar las maniobras que denuncia y de haber puesto en práctica los «artilugios corporativos» de los que habló, solo cabrá entender que los quince seleccionados son culpables de haber amañado un concurso público, de interés público y de una indudable importancia institucional.