
La Corte de Justicia de Salta mantiene -a fuerza de acordada- uno de los regímenes laborales más progresistas del mundo, en el que está contemplado el acceso de las mujeres a una licencia especial remunerada en caso de interrupción del embarazo, que se concede cualquiera sea la opinión médico facultativa sobre el tiempo de recuperación y la aptitud laboral.
Pensando en que la misma normativa pueda contemplar ahora mismo una licencia especial, también retribuida, en caso de matrimonio del agente, lo lógico es presionar a la Corte para que conceda una licencia del mismo tipo (y de la misma duración) pero para casos de divorcio del trabajador judicial.
No hablamos de una simple falta justificada para que el agente acuda a ratificarse ante el Juzgado, sino de un permiso amplio, duradero, que igual que sucede en el caso de aborto espontáneo, cubra el periodo de «recuperación psicológica» de quien acaba de extinguir judicialmente su vínculo afectivo. Todo ello, ¡sin certificado del psicólogo!
Para no discriminar a nadie, el derecho debería hacerse extensivo también a las parejas de hecho, que acrediten un mínimo de convivencia. Bastará en tal caso con presentar una constancia de cambio de domicilio emitida por el Registro Civil. En defecto de esta certificación, bastará con una foto del afectado/a con sus petates en la vereda del que fue domicilio común de la pareja.
En caso de que el divorcio, en lugar de constituir un trauma para quien lo protagonice signifique una liberación, un motivo de jolgorio y alegría, el permiso podría cubrir unos quince días de fiesta continuo. Una especie de «recuperación psicológica», pero al revés.
Además, si se trata de matrimonios de personas del mismo sexo que se disuelven, corresponderá otorgar el doble de licencia en caso de que el sexo del matrimonio sea femenino, para compensar el alto coste emocional que normalmente acarrea la separación de dos mujeres.
Con estas regulaciones, que están a la vuelta de la esquina, la Corte de Justicia de Salta colocaría a los empleados judiciales de esta Provincia en niveles de protección sociales cercanos a los que disfrutan los obreros en Dinamarca.
Claro que para eso faltan otras «licencias» que cubran contingencias tan estresantes como las mudanzas, el despido de niñeras, la muerte de mascotas, la fuga del canario y las peleas con la suegra.