El diario El Tribuno de Salta reproduce esta tarde unas declaraciones de la Subsecretaria de Políticas de Género del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Salta, señora Rosaura Gareca.
En estas declaraciones, la señora Gareca se refiere en términos críticos a las declaraciones de la también funcionaria del gobierno provincial, señora Liliana Mazzone, en relación con el proceso penal en curso que afecta a su primo hermano, el exintendente de El Bordo, Juan Rosario Mazzone.
Para Gareca, «resulta inadmisible sostener este tipo de declaraciones e imágenes, que atentan contra la integridad de los derechos de las niñas, revictimizándolas y naturalizando hechos que constituyen delitos graves y que puntualmente en este caso, ya está interviniendo la Justicia».
Se refiere Gareca a la divulgación efectuada por Mazzone en su perfil de Facebook de fotografías de las mujeres jóvenes (a las que el gobierno y las feministas que lo apoyan llaman interesadamente «niñas») que habrían estado presentes en el asado servido por su primo en su estancia de La Ramada, y de cuya presencia en la comida se derivó la acusación de corrupción de menores contra el dueño de casa.
El hecho de que la subsecretaria califique los hechos como «delito grave» (una calificación evidentemente jurídica, que precisamente está en estos momentos sujeta a un duro debate procesal) supone una clara condena anticipada a Mazzone, que no fue pronunciada por el tribunal que examina las pruebas y ante el cual ejerce su defensa el reo, sino por una funcionaria del gobierno que, para más inri, guarda relación de parentesco con una militante feminista, perteneciente a una organización afín al gobierno provincial, que hace solo unos pocos días confesó en un medio de comunicación que fue contratada por el interventor de la Municipalidad de El Bordo para desacreditar públicamente a Juan Rosario Mazzone.
Mientras los tribunales no pronuncien una sentencia firme (y por tal se entiende aquella que no es suceptible de recurso), el citado exintendente se encuentra amparado por la presunción de inocencia. A pesar de que dicha presunción es un derecho fundamental e inalienable de la persona humana, reconocido desde hace varios siglos, la familia Gareca -celosa defensora de los derechos de las mujeres y guardiana de nuestras mejores costumbres- se ha empeñado en negárselo a Juan Mazzone, expulsado al inframundo en donde moran las personas infames.
La condena anticipada pronunciada por la señora Gareca comporta un claro menosprecio de la función jurisdiccional y un abierto desafío a la tarea de los jueces Martín Fernando Pérez, Héctor Alavila y Federico Armiñana Dohormann, que son los únicos que pueden decidir en esta instancia si el señor Mazzone es o no responsable del delito del que se le acusa.
Con su actitud, seguramente poco meditada, la señora Gareca ha revelado que el gobierno provincial no observa la necesaria neutralidad respecto de un proceso judicial en curso; que ha tomado partido claramente en contra del acusado, por razones que no están vinculadas con la ley aplicable al caso, sino a una serie de consideraciones, entre morales e ideológicas, que forman parte del discurso políticamente correcto. El mismo discurso cuya reproducción acrítica ha traído como resultado que Salta sea la provincia argentina con el mayor número de mujeres muertas en hechos violentos por cada cien mil habitantes.
Estas cifras, que nadie cuestiona, deberían ser razón suficiente para exigir la dimisión inmediata, no de la señora Mazzone (que al fin y al cabo se ha limitado a defender a un pariente cercano), sino de la señora Gareca, que hasta aquí -demostrado está- solo ha prestado un muy pobre servicio a las mujeres de Salta.