Las expectativas en torno a la declaración testifical del exaliado del gobernador Romero y exministro de Ambiente del gobierno de Urtubey se han cumplido plenamente. Francisco López Sastre no aportó un solo elemento que contribuya a echar luz sobre los extremos -todavía muy oscuros- que maneja el Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta para establecer las responsabilidades penales en el crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni. El testigo fue llamado a declarar con un notable retraso en relación con la hora originalmente comunicada por el tribunal y, lejos de ser interrogado sobre hechos de terceros que pudiera haber conocido en relación con el objeto litigioso, respondió a preguntas personales que bien podrían ser procedentes para la declaración de una persona imputada pero no para la de un testigo.
Si bien el fiscal y los jueces intentaron -con un lenguaje más propio del realismo mágico ultramontano que de la mejor práctica forense- aclarar que no pesaba sobre el testigo ninguna sospecha sobre su participación en los hechos que se juzgan, las preguntas se orientaron a conocer detalles sobre las fechas y circunstancias de los cargos públicos que ejerció López Sastre, y sobre sus propiedades inmobiliarias.
Llamativo -por su notorio déficit de rigor profesional- fue el interrogatorio de los abogados que representan a las familias de las víctimas, que fueron quienes solicitaron que el exfuncionario romerista-urtubeysta fuese citado a declarar. Uno de los letrados llegó incluso a invitar a López Sastre a explayarse sobre su situación personal, una circunstancia ajena al debate y notablemente inconducente en relación con el esclarecimiento de los hechos.
En este turno de exposición libre, López Sastre tomó distancia de una publicación periodística local -a la que calificó como «injuriosa»- que indicaba que un periodista francés había relacionado su nombre con un posible contacto de las turistas asesinadas. El testigo no solo desmintió esta publicación sino que tradujo del francés -con llamativa dificultad- el email que le remitió el cronista francés en el que afirmaba ser víctima de una trampa tendida por periodistas salteños.
López Sastre también cometió la ligereza de citar por su nombre y apellido a una persona con la que había mantenido relaciones sentimentales, sin que nadie se lo pidiera y sin que la identidad de esta persona fuese relevante para la causa. Al intentar mencionar su nombre por segunda vez, el testigo fue correctamente interrumpido por el tribunal.
Finalizada la ronda de preguntas a cargo de las partes personadas, uno de los integrantes del tribunal -el magistrado Carlos Pucheta- formuló al testigo las preguntas más pertinentes en relación con los hechos sujetos a debate. En concreto, López Sastre fue preguntado por su relación con el acusado y autor confeso del crimen, Gustavo Orlando Lasi, a quien el testigo dijo desconocer y «no haberlo tratado personalmente nunca», a pesar de que en el momento de los hechos (julio de 2011) Lasi se desempeñaba como personal contratado por el Ministerio de Ambiente del cual López Sastre era titular.
Pucheta pidió al testigo que volviese a mirar a Lasi y a ratificar que no lo conocía, a lo que el declarante respondió que lo conocía, pero por los medios de comunicación. Poco después aclaró que fue él quien inició el procedimiento administrativo que concluyó con la extinción contractual de Lasi y su virtual expulsión del servicio público.
Otra de las cuestiones que suscitó cierto interés por parte del tribunal fue la relación entre López Sastre y Laure Fages, la joven francesa que trabaja para el gobierno provincial desde 2008. El testigo contradijo abiertamente la declaración de Fages, quien había afirmado que su primer contrato de locación de obra en el gobierno fue suscrito por el propio López Sastre. Éste, en cambio, trasladó la responsabilidad de tal contratación al exministro de Ambiente Julio Rubén Nasser.
López Sastre insistió finalmente en que «no conocía la existencia» de las turistas asesinadas, que nunca se contactaron con él y que ninguna persona le pidió que las contactara.
Los letrados que ejercen la defensa de los tres acusados no formularon preguntas, con lo cual la citación a López Sastre ha quedado expuesta a la opinión pública como una oportunidad que el tribunal, la fiscalía y los abogados de la familia dieron al exfuncionario para que pueda defenderse -con lujo de impacto mediático- de los rumores y acusaciones veladas, en lo que algunos interpretan como una clara instrumentalización de la función jurisdiccional del Estado para favorecer la imagen política de un funcionario del gobierno provincial.