La Corte desestima en última instancia un habeas corpus del condenado Torrico

La Corte de Justicia ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del condenado Marcelo Alejandro Torrico contra la sentencia, que en su día, denegó al citado reo la concesión de un habeas corpus por un supuesto agravamiento en las condiciones de detención.

En otra resolución, el mismo tribunal, al resolver un recurso de apelación de diferente contenido y objeto, interpuesto por la representación procesal del Servicio Penitenciario, ha dejado sin efecto la medida que dispuso en su día eliminar la guardia adicional del personal del grupo GEOPS para la custodia y traslado del condenado.

Torrico cumple pena de reclusión perpetua por violación, homicidio calificado por la alevosía criminis causae, retención indebida, hurto simple y hurto calificado y ha sido también condenado como coautor de homicidio calificado por alevosía criminis causae y resistencia a la autoridad.

En noviembre de 2015 le fueron secuestrados en su celda dos teléfonos celulares de alta gama y en forma posterior se le realizaron varios registros personales (180 según su denuncia), reclamando entre otras cosas que se hubieran instalado en el pabellón que ocupa dos cámaras de seguridad, una de las cuales enfoca a la puerta de su celda.

La Corte de Justicia dijo que las quejas del condenado sobre la cantidad de registros diarios “carecen de fundamento”. Sobre la colocación de las cámaras de seguridad para su custodia, el tribunal ha dicho que tienen como fundamento el comportamiento del reo, pues “el antecedente de fuga y las transgresiones al régimen penitenciario por él desplegadas exigen especial atención en miras del resguardo de su integridad psicofísica y la de los demás internos”.

Los magistrados del alto tribunal han recordado que el artículo 70 de la ley 24660, de ejecución de pena privativa de la libertad, prescribe que “los registros en la persona de los internos tienen por finalidad preservar la seguridad general, sin establecer otros límites que el respeto de las garantías que reglamentariamente se determinen y la dignidad humana, por lo que no existe un máximo de requisas diarias como tampoco previsión alguna relativa a la necesidad de concretar igual cantidad de controles en la persona de todos los detenidos”.

Tampoco consideraron que la colocación de las cámaras significara una interferencia en el ámbito de intimidad del condenado, ya que la Jueza de Garantías Nº 1 de la ciudad de Salta, al resolver el habeas corpus, constató que las mismas estaban ubicadas en un patio interno y en un pasillo del pabellón, sin alcance al interior del baño o de la celda.

En lo que se refiere a la restitución de la custodia policial especial a cargo del GEOPS, la Corte de Justicia ha dicho que “el comportamiento de Marcelo Alejandro Torrico, su antecedente de fuga y sus transgresiones al régimen penitenciario exigen especial atención en miras del resguardo de su integridad psicofísica y la de los demás internos, por lo que se adoptaron medidas tendientes a garantizar el orden y la seguridad en la institución carcelaria, no existiendo elementos que aconsejen dejar sin efecto la custodia adicional cuya remoción se ordenara, pues tal medida no transgrede el precepto constitucional invocado, en tanto no implica una interferencia en el ámbito de intimidad del detenido ni una modificación de las condiciones de reclusión y recreación”.